Un diagnóstico de la situación de la Justicia será adelantado al interior de la Rama. Para tal fin, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó la Comisión de Integración Judicial y los comités para realizar de manera participativa y democrática ese diagnóstico.

“Con ocasión del hundimiento de la reforma a la Justicia, la Sala Administrativa es consciente que de todas maneras siguen vigentes los problemas que se pretendían combatir con dicho proyecto de reforma”, dice en un comunicado el alto Tribunal.

Añadió que la Sala Administrativa ha venido adelantando un proceso de autocrítica y de reflexión para la reinstitucionalización del sector. En dicho proceso ha identificado en primer lugar la necesidad de hacerse acompañar de las altas Cortes, los magistrados, los jueces, los empleados, las organizaciones del sector, las ONG, la academia, el sector empresarial y, en general, de la sociedad civil, con el fin de construir una alianza nacional por la justicia.

La Sala Administrativa ha recogido las sugerencias del Observatorio Permanente de la Reforma a la Justicia, del Consejo de Estado y de otras instituciones que han manifestado su interés por sumarse al proceso de reflexión sobre el futuro de este país en materia de Justicia.

Es por ello que la Sala Administrativa expidió dos Acuerdos (PSAA-12-9655 y 9656) que crean las comisiones y comités de diálogo y reflexión sobre el estado actual de la Justicia y los posibles mecanismos de mejoramiento.

Estos espacios de diálogo se inscriben en el proceso de cambio que desde principios de este año ha venido adelantando la Sala Administrativa, señala el comunicado.

En tanto que ayer fue lanzado el Comité Nacional de Construcción Democrática de la Reforma de la Justicia, ente que se encargará de exponer la propuesta metodológica que permitirá abrir un espacio para la discusión de los problemas y soluciones de la administración y, de esta manera, presentar una propuesta de reforma a la Justicia.

Dicho Comité está conformado por más de 40 representantes de organizaciones de servidores judiciales y usuarios de la Justicia, las Facultades de Derecho del país y delegados de las altas Cortes.