Quince hospitales ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Antioquia y Sucre han embargado recursos de la Nueva EPS por un total superior a $56 mil millones.
La entidad denunció que esta suma supera ampliamente la deuda real que mantenía con estos centros de salud, lo que desencadenó una serie de medidas legales para abordar la situación y enfrentar esta crisis.
Según el comunicado oficial de la Nueva EPS, "la retención de estos recursos afecta gravemente la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras con la red de prestación de servicios de salud a nivel nacional". Esta declaración refleja la gravedad de la crisis y el impacto negativo en el funcionamiento de la entidad.
Julio Alberto Rincón, agente interventor para la administración de Nueva EPS, explicó: “En 2022, la entidad fue objeto de cobros coactivos por parte de varios hospitales en Córdoba, Antioquia y Atlántico. Estos cobros resultaron en que hospitales que debían recibir $500 millones terminaran cobrando $5.000 millones. Esto generó una deuda significativa para los hospitales con Nueva EPS, pues se les pagaron sumas considerablemente mayores a las que correspondían”.
Rincón agregó que la situación ha resultado en bloqueos en el pago a muchos hospitales debido al embargo. “Estamos buscando salidas a esta situación jurídica en pro de apoyar a los hospitales”, manifestó. Además, señaló que el caso ha sido remitido a la Fiscalía General de la Nación para investigar cómo algunos hospitales se apropiaron indebidamente de los fondos de la EPS.
El conflicto, que ha persistido durante más de dos años, ha llevado a la Nueva EPS a convocar a alcaldes, gerentes de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), y organismos de control, buscando una solución que permita aclarar el tema y garantizar la atención a los afiliados.
Tabla de embargos
