HASTA EL 5 de diciembre de 2023, han sido asesinadas 48 personas de diferentes comunidades indígenas, hechos que generan alarma en quienes viven de cerca esta realidad, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Dicha cifra se relaciona con los datos compartidos por el Ministerio de Salud, que aseguran que el 19% de las personas víctimas del conflicto armado son indígenas.

Óscar Montero, líder indígena Kankuamo y asesor en de la Consejería de Derechos Humanos de la Onic, dijo a EL NUEVO SIGLO que este 2023 no ha sido un buen año para los pueblos indígenas de Colombia, debido a la agudización del conflicto que está vigente en todo el territorio nacional, especialmente en el departamento de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Catatumbo.

Durante estos 12 meses han sido asesinados especialmente autoridades, médicos tradicionales y guardias indígenas, por lo que el funcionario asegura que los pueblos indígenas siguen esperando que la ‘paz total’ del país se pueda ver reflejada en los diferentes territorios.

El asesinato de personas de la comunidad preocupa sobremanera a las diferentes organizaciones involucradas; sin embargo, la declaración de objetivos militares a las autoridades indígenas en el departamento del Cauca, la agudización del conflicto armado en el territorio de Nariño, donde han muerto personas a causa de minas antipersona y la situación de violencia en el Chocó, donde se ha recrudecido el tema del reclutamiento forzado y la muerte de mujeres y jóvenes precisamente, por los artefactos letales, son temas a los que ahora la ONIC le pone la lupa, ya que según Montero, este 2023 “ha sido un año bastante sangriento en contra de la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en Colombia”.

Precisamente, el tema de la seguridad sigue siendo bastante complejo para los indígenas, pues la disputa por el control territorial de grupos al margen de la ley como es el caso del Eln y las disidencias de la Farc, ha generado desplazamiento, confinamiento, asesinato a líderes y autoridades, por lo que la situación no es nada fácil para la vida de los pueblos indígenas.

Aunque desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Onic han hecho las denuncias pertinentes, les preocupa que estas situaciones se sigan presentando hoy en Colombia. Al problema de violencia en los territorios mencionados, también se unen conflictos que se han venido presentando en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Un llamado especial

En materia de promesas a la comunidad, Montero indicó que ha habido avances en el Plan Nacional de Desarrollo, en la reglamentación del Decreto Ley 4633 para las víctimas de los pueblos indígenas y en el cambio climático.

No obstante, lo positivo se ha visto empañado porque no les han cumplido en lo relacionado a la paz, pues si bien se están dando los diálogos y las formas para que se pueda adelantar dicho acuerdo, no se han visto reflejados en los territorios donde actualmente habitan los indígenas.

Ahora bien, dadas las problemáticas conocidas recientemente, desde la Onic consideran que es un tema estructural del país, por lo que piden al Estado colombiano y a los diferentes actores armados llegar pronto a un cese al fuego bilateral y desaparezca la violencia en los territorios y en el país, pues para Montero, no se puede seguir desangrando con la muerte a los pueblos indígenas de Colombia, ya que esto no solo afecta a sus familias, sino también, la integridad y la sabiduría de las comunidades.

Asimismo, para el asesor de la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Indígena, este es el momento para que la ‘paz total’ que plantea Gustavo Petro se vea reflejada en las diferentes zonas donde están siendo asesinados personas de la comunidad.