Una  red de corrupción que, presuntamente, alteraba documentos de chatarrización de mercancía aprehendida que era comercializada ilegalmente y que, en dos años, representó utilidades a la estructura por más de 2.700 millones de pesos fue desmantelada en una operación conjunta entre la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.

Los operativos se llevaron a cabo en Bogotá, Barranquilla y Buenaventura, donde fueron capturados 9 funcionarios de la Dian y dos particulares, que hacían parte de la estructura. 

El Director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que “hemos dado un duro golpe a la corrupción, a la estructura criminal que gira alrededor de la chatarrización de activos aprehendidos por la Dian”.

Por su parte, el Director de la Policía Fiscal y Aduanera, general Juan Carlos Buitrago, aseguró que se logró desmantelar toda una red de corrupción dedicada a desfalcar al Estado a través del incumplimiento en la destrucción de mercancías aprehendidas por la Dian, favoreciéndose con dichos actos ilícitos, que les representaron ganancias por miles de millones de pesos.

Explicó que en los operativos fueron capturadas 11 personas, pero que el proceso de investigación continúa, en la medida en que “tenemos pendientes las capturas de otros dos funcionarios más y un particular”.

Manifestó que el “modus operandi de la red consistía en utilizar funcionarios para que alteraran actas de destrucción de la mercancía aprehendida por la Dian”, y que la estructura era encabezada por tres personas.

Añadió que el 50 por ciento de los recursos que obtenían ilegalmente con la reventa de la mercancía que debía ser destruida, iban para la empresa Ferrita, y el restante se lo dividían entre los miembros de la estructura.

El proceso investigativo, que aún continúa, comenzó en octubre de 2016, cuando se detectaron anomalías, como el hallazgo de válvulas, partes de plantas de trituración, motores para tractocamión, montacargas, retroexcavadoras, cargadores, buldócer, máquina asfáltica y plantas generadoras de energía, que debieron ser destruidas, pero estaban en manos de terceros.

Los implicados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, favorecimiento a servidor público, falsedad ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos.