La Fiscalía General de la Nación anunció que el próximo 30 de julio imputará cargos contra los candidatos que se vieron involucrados en la operación ‘Casa Blanca’ y que dejó al descubierto una sofisticada red de corrupción en las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 12 marzo.

A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, se le imputarán los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

La operación ‘Casa Blanca se inició el pasado 11 de marzo cuando en un allanamiento de las autoridades´, a la sede de Merlano, se encontraron más de $200 millones de pesos, que iban a ser utilizados para el pago a personas que votaron a favor de esta candidata.

Los reportes señalan que también en esa ocasión fueron halladas algunas armas y material didáctico electoral, códigos bidimensionales, certificados electorales, transportes, adelantos de pagos, además de financiación pública y privada, lo que llamó la atención del Gobierno, las autoridades electorales y la Fiscalía.

Otros hallazgos

Se descubrió una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico. Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales, y que actuó a fondo en el 2018 para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.

Para las elecciones de Congreso en 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano.

Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida. La organización delictiva, organizada como “Personal de trabajo para el debate”, tenía roles diferenciados, así: Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros. Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras. Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes. Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo. Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales.

Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta. Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.

Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado. La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así: Candidatos al Congreso: Aída Merlano y Lilibeth Llinás. Dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, Diputado del Atlántico, Margarita Balén, Diputada del Atlántico, Juan Carlos Zamora, Concejal de Barranquilla, Aissar Castro Bravo, Concejal de Barranquilla Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo, Vicente Támara, exconcejal de Soledad.

La organización

Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.

La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.

En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”. En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante  febrero de 2018 cobró veintiún cheques que superaron los $1.000 millones. Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los $500millones de pesos.

Indica la Fiscalía que las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017: Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.