MÁS de 60 por ciento de los proyectos renovables, en Colombia, programados para entrar en este año se han enfrentado a algún tipo de retraso. Las demoras en permisos ambientales y procesos de consulta previa con las comunidades locales son algunos de los factores que han sido atribuidos a la problemática, pero expertos del sector tienen dudas sobre la respuesta del gobierno para enfrentarla.

Durante 2023, dos proyectos renovables fueron suspendidos. En mayo Enel Colombia suspendió la construcción del parque eólico Windpeshi, en La Guajira, que tendría la capacidad de generar hasta 205 megavatios de energía. Unos meses después, la francesa EDF Renewables se retiró de dos proyectos solares, que se desarrollarían en Cundinamarca, por “retrasos significativos” en los permisos y licencias ambientales”. Su decisión también tuvo en cuenta otros factores, como la reforma tributaria de 2022, que impactó las rentabilidades de los proyectos, según la empresa.

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Aunque las circunstancias alrededor de la decisión de suspender estas dos operaciones son distintas, lo cierto es que sí reflejan una situación que afecta a varios proyectos renovables en Colombia: sus retrasos.

De acuerdo con un informe reciente de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), solo 35 % de los proyectos de fuentes de energía renovable no convencional (Fncer), como la eólica o solar, programados para entrar en operación desde el año pasado y en el transcurso de éste avanzan dentro de sus cronogramas. De todos estos proyectos, 65 % están adelantando trámites, “varios de ellos con retrasos importantes”.

Pero, además, el retraso es importante ante el llamado de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre el despliegue de energías renovables. Si los países del mundo quieren limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C por encima de niveles preindustriales para 2100, ha reiterado el organismo, entonces varias cosas deben suceder.

En ese sentido, los retrasos en los proyectos renovables también ponen en duda la capacidad del país de acelerar la transición energética justa, una de las banderas del gobierno Petro

¿Qué causa los retrasos?

Entender las razones detrás de los contratiempos que han afectado varios proyectos no es una tarea sencilla. Después de todo, como explica Jonathan Sánchez, ingeniero químico y especialista en cambio climático y biodiversidad del Fondo Mundial sobre la Naturaleza (WWF) en Colombia, hay muchos condicionantes que las empresas pueden tener en cuenta al evaluar si suspenden o no un proyecto.

El riesgo financiero o reputacional, la viabilidad a mediano o largo plazo o el relacionamiento con las comunidades aledañas son solo algunos de los factores.

Pero hay otras situaciones que constituyen obstáculos, según los actores que participan en el sector. Un informe de 2015 de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) identificó que el ordenamiento jurídico para promover las fuentes convencionales de generación de energía es más robusto y completo, en comparación al de las Fncer.

Otro de los retos que identificó la AIE en su revisión de la política energética del país es que no hay suficientes incentivos para que el sector privado desarrolle “productos tecnológicos novedosos y mejorados que compitan en el mercado mundial”. A pesar de que Colombia cuenta con beneficios tributarios para la promoción de proyectos renovables, como la deducción de la renta por el 50% de la inversión realizada, algunos actores insisten que estos no bastan o son difíciles de obtener.

Un estudio que recogió las experiencias de representantes de las empresas de renovables encontró que 67 % de los empresarios encuestados no tenía claridad sobre el procedimiento requerido para acceder a los beneficios. “Para los empresarios, la modificación reglamentaria constante y la alusión a distintos documentos técnicos dificultan tener claridad al respecto”, concluyó el análisis.

La AIE también enumera los procesos de obtención de permisos y licencias y la oposición a los nuevos proyectos de generación como otros obstáculos. Lo que sí es claro para Carlos Manuel Guerra, abogado y académico que ha asesorado a empresas en el desarrollo de proyectos renovables en La Guajira, es que se han presentado dificultades en todos los aspectos.

“Los cronogramas que estaban establecidos hasta el momento no habían contemplado las condiciones sociales, regulatorias, económicas y ambientales, entonces claramente los proyectos no van a poder cumplir con los plazos”, indica.

Y los problemas con los retrasos no se limitan únicamente a los desaciertos de un par de actores. “Si todos los actores vienen fallando, lo que se necesita replantear es el proceso completo”, opina Guerra.

Uno de los reclamos recurrentes es que las licencias y permisos ambientales son complejos y han retrasado el desarrollo de proyectos renovables.

En este contexto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en conjunto con los ministerios de Ambiente y Minas está preparando un proyecto de decreto que modificaría el proceso de licenciamiento ambiental para las renovables.

Rodrigo Negrete, director de la Anla, informó que este proyecto busca “dar más fuerza, transparencia, oportunidades y celeridad a procesos” de licenciamientos ambientales para proyectos de renovables y líneas de transmisión eléctricas. Aunque todavía no es público el borrador de la iniciativa, Negrete ya reveló uno de sus puntos centrales: se buscará cambiar el plazo máximo para entregar un licenciamiento ambiental.

Actualmente, este es de 90 días. La meta, según el director de la Anla, es acortar el tiempo a la mitad, dejando el plazo en un máximo de 45 días. La normativa del país estableció que la licencia ambiental es necesaria para cualquier obra o proyecto que genere una afectación o impacto al ambiente. Si es un proyecto pequeño o mediano, la licencia se debe solicitar a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y, si es grande, la Anla es la encargada de hacer el proceso.

En palabras sencillas, después de que un proyecto es inscrito, los desarrolladores deben realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este debe incluir, entre otras cosas, la delimitación del área de influencia del proyecto, su descripción y la identificación de los impactos ambientales que pueden ser causados, que pueden ser mitigados, corregidos o compensados.

La autoridad competente, entonces, entra a evaluar el EIA, entre otras cosas, y determina si otorga o no la licencia ambiental. Sánchez de WWF Colombia indica que, aunque existen buenas prácticas en este proceso de licenciamiento, muchas veces “queda a criterio de los evaluadores si la información recogida es suficiente” para indicar el impacto de los proyectos renovables sobre el ambiente.

El investigador fue revisor de un informe publicado por la iniciativa CLEANaction, que evaluó el impacto de distintos tipos de energías renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica y la bioenergía. Aunque la gran conclusión del documento es que estas energías son, en general, mejores para la biodiversidad, también resaltó que tienen efectos diferenciados y que algunas de ellas pueden representar mayores riesgos.

Por esta razón, desde WWF, indica Sánchez, no consideran que acelerar los trámites de licencia ambiental sea una buena opción en Colombia, como plantea el proyecto de decreto que propondría el Gobierno. Resalta que el licenciamiento ambiental para proyectos renovables sí tiene un limitante. Hasta el momento, el país no cuenta con términos de referencias o “lineamientos generales” para la elaboración de los estudios de impacto, definidos por la autoridad ambiental como la Anla o CAR, junto al Ministerio de Ambiente.

Es decir, son una especie de requisitos mínimos y estandarizados que deben presentar los desarrolladores de proyectos renovables. Negrete, de la Anla, informó que la entidad está trabajando en construir estos términos de referencia para las Fncer, pero el panorama sigue siendo poco claro para las empresas.

Sin embargo, Joanna Barney, investigadora de Indepaz quien ha seguido de cerca el desarrollo de parques eólicos en La Guajira, indica que acelerar la licencia ambiental “es un contrasentido sin tener la licencia social”. Y es que, como añade Sánchez, el escenario que ha generado mayores retrasos no está relacionado con el licenciamiento ambiental, sino con la consulta previa con las comunidades locales.

Consulta previa

El proyecto de Colectora es un buen ejemplo para vislumbrar algunas de las conflictividades sociales que pueden surgir a la par del desarrollo de proyectos renovables. Llamado como las “venas” de la transición energética, Colectora será la obra que “sacará” la energía generada por parques eólicos en La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por medio de subestaciones y líneas de transmisión.

Estas recorrerán un total de 470 km entre La Guajira y Cesar, por lo que el proceso de consulta previa que realizó el Grupo Energía Bogotá (GEB), empresa encargada del proyecto, incluyó 235 comunidades indígenas y afrocolombianas, ubicadas en 14 municipios y casi 65 veredas.

De acuerdo con Diego García, gerente del proyecto, este proceso de consulta fue el factor determinante para explicar el retraso de Colectora. En junio pasado finalizó la consulta previa del proyecto, pero este ya lleva años de atraso. Inicialmente, se iba a entregar en noviembre de 2022, pero, según dijo la empresa a principios de este año, entrará en operación segundo semestre de 2025.

En el caso de Colectora no solo fue un desafío la cantidad de comunidades incluidas en la consulta previa, sino la etapa de negociación en sí. “En general, los escenarios de negociación entre empresas y comunidades wayuu, por ejemplo, no han funcionado con reglas de juego claras”, explica el abogado Guerra. /IPS