Recursos por $140.000 millones fueron girados a la Nación por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El dinero se generó por la productividad y administración de los objetos de extinción de dominio pertenecientes al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

El giro fue ordenado por la SAE a la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda con cargo al rubro de Transferencias del presupuesto aprobado para la vigencia 2019.

De acuerdo con Sergio Jordan, vicepresidente Financiero y Administrativo de la SAE, la entidad como administradora del Frisco se encarga de generar recursos producto de la administración de los bienes incautados por actividades ilícitas, en especial relacionadas con narcotráfico, y su venta luego de que un juez decrete la extinción de dominio de esos bienes.

El funcionario le explicó a EL NUEVO SIGLO que para generar recursos de transferencias a favor de la Nación la SAE tiene tres fuentes de ingresos: venta de activos, monetización de divisas a través del Banco de la República (dineros incautados, generalmente en dólares y euros) y venta del portafolio de inversiones.

Este portafolio “corresponde a los bienes que recibimos, nombramos unos depositarios, ellos los arriendan, pero la ley permite la venta de esos inmuebles reservando el 30% en caso de que toque devolverle al afectado. El 70% se puede gastar. Ese es el valor de la venta del portafolio”, señala Jordan.

La sola monetización de recursos incautados en los últimos años –algunos desde hace más de 10 años– correspondió a $76.867 millones para este ejercicio, dice Jordan.

Según la SAE, de acuerdo con el Artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, la transferencia a la Nación por $130.416 millones que se realizó el pasado 21 de febrero, se distribuye de la siguiente manera:

- Gobierno nacional (40%): $52.167 millones.

De ellos el Gobierno destina para infraestructura penitenciaria y carcelaria (5%), un total de $6.521 millones. Para recepción, administración, saneamiento, alistamiento, sostenimiento y disposición de los bienes inventariados por las Farc (15%), $19.562,5 millones, y para Programas Especiales que el Ejecutivo determine (20%), un total de $26.083,5 millones.

- El 60% restante se distribuye así.

Policía Nacional (10%, $13.042 millones), Fiscalía General de la Nación (25%, $32.603 millones), Rama Judicial (25%, $32.603 millones).

“Este es el resultado de todo el ejercicio que hicimos en 2018 como administradores de todos los rendimientos que pudo lograr el Frisco para que estas entidades puedan seguir luchando contra el crimen y contra las drogas”, agregó Jordan.

Por otra parte, con base en el Artículo 47 de la Ley 30 de 1986, en el ejercicio se destinaron transferencias a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino a financiar la Política Antidrogas un total de $10.000 millones para la vigencia 2019.

La destinación de estos recursos estará bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes, actividad asumida por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas.

Igualmente, la misma ley establece que todo lo que se produce por arrendamientos o ventas de inmuebles en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene que destinarse a la Gobernación del departamento insular. En este caso el giro fue por $15.225 millones por monetización de divisas incautadas, explicó Jordan.

La SAE informó además que en 2018 fueron vendidos unos 400 bienes inmuebles incautados a la mafia, el importante fue la ‘Casa Gacha’ ubicada en el sector de El Chicó, norte de Bogotá, que se vendió en $49 mil millones.