Nueve meses después de que la Corte Constitucional declarara exequible, con algunas condiciones, el Acto Legislativo 01 de 2017 que creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), entre otras que los militares y terceros civiles que hubieran participado en el conflicto armado no estarían obligados a presentarse, ayer se conoció que la Fiscalía dictó resolución de acusación contra 14 directivos colombianos y estadounidenses de la multinacional norteamericana Chiquita Brands por los pagos que entre 1997 y 2004, habría hecho esta compañía bananera a grupos paramilitares en la región de Urabá.

De esta forma, la justicia ordinaria inicia la judicialización de los particulares que se involucraron en esta guerra.

Desde marzo pasado, la JEP, que se creó producto del acuerdo de paz, inició la judicialización de los uniformados así como de los desmovilizados de las Farc involucrados en la comisión de graves delitos en el conflicto armado. En el caso de los exguerrilleros sí están obligados a presentarse ante esta instancia, en donde podrían obtener penas alternativas blandas a cambio de verdad y reparación a las víctimas o, de lo contrario, serán cobijados por la jurisdicción ordinarias donde las penas que les esperan son superiores a 20 años.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que "el fiscal del caso ha tomado la resolución de acusar formalmente a 14 directivos de Chiquita Brands, que presuntamente habrían contribuido a financiar a los grupos armados irregulares paramilitares en el Urabá antioqueño. Eso no tiene antecedentes… Debe iniciarse el proceso de juicio correspondiente para que respondan por las imputaciones que les hace ahora la justicia colombiana".

Martínez señaló que "vamos a asumir con profunda responsabilidad estas investigaciones. Tenemos priorizados un número importante de casos para que se haga justicia contra quienes dinamizaron la guerra financiando el conflicto armado".

Explicó que "los terceros que financiaron la guerra, es un capítulo de 30 años de impunidad en Colombia. He dicho que eso no va a quedar así. Los terceros debían ir a la JEP, así estaba en el Acuerdo de Paz, pero el fallo de la Corte Constitucional estableció que no, que tienen que ser objeto de investigación de la Fiscalía. Nos dejaron una partecita del conflicto armado, los financiadores de la guerra".

El Fiscal recordó que hace un año y para que no prescribieran, se declararon como de lesa humanidad "las acciones que el sector privado pudo haber cometido en medio del conflicto porque fueron un dinamizador de la guerra".

Martínez se abstuvo de decir los nombres de los 14 funcionarios y exfuncionarios de la multinacional bananera que fueron cobijados con resolución de acusación, sin embargo adelantó que hay "presidentes, representantes legales, miembros de la administración de Chiquita Brands en Colombia".

Se conoció que por el tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, los funcionarios y exfuncionarios de la compañía norteamericana fueron acusados por la Fiscalía en el marco de la Ley 600.

El caso

Chiquita Brands International fue fundada en 1871 por el empresario de ferrocarriles estadounidense Minor Keith, con el nombre de United Fruit Company, con el propósito de la producción y distribución de banano y otros productos, bajo la variedad de marcas subsidiarias, conocida colectivamente como Chiquita.

Las investigaciones han establecido que desde finales de 2002 la casa matriz de Chiquita Brands en Estados Unidos conoció que su filial en Colombia, Banadex, estaba pagando a cambio de protección y que la dejaran operar a grupos paramilitares al mando de Carlos Castaño que hacían presencia en el Urabá.

Incluso después de que en 2003 la justicia de Estados Unidos incluyera a los paramilitares en la lista mundial de organizaciones terroristas, siguió pagando a los paramilitares, a pesar de las masacres que habían cometido y seguían ejecutando en el Urabá y otras regiones de del país.

Por esos días, Chiquita pidió autorización al gobierno de Estados Unidos para seguir con estos pagos (tres centavos de dólar por cada caja exportada) y no obstante la negativa dada del Departamento de Justicia continuó con esta práctica.

Así lo consigna un documento de 89 páginas de la Fiscalía conocido en 2012, justo cuando el entonces fiscal general Eduardo Montealegre anunciaba que reabría la investigación a Chiquita Brands por presuntamente haber financiado a grupos paramilitares en Urabá y el Magdalena.

Esa investigación de la Fiscalía cobijó a 13 empresarios y directivos de la multinacional para fundar los supuestos vínculos de la compañía con los grupos paramilitares en la costa norte.

“Estamos investigando el contexto de la eventual financiación de los empresarios bananeros a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)… Nuestro interés en entender qué otras empresas bananeras… financiaron o no grupos de autodefensas”, indicó el entonces fiscal Montealegre.

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Fue condenada

En 2007 las investigaciones que se adelantaron en Estados Unidos contra Chiquita, porque habría pagado a grupos terroristas, terminaron en una a multa de 25 millones de dólares pagaderos al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En esa ocasión la compañía ante el juzgado del Distrito de Columbia, se declaró culpable de "involucrarse en transacciones con terroristas globales", no obstante basó su defensa señalando que fue extorsionada.

Según la Justicia de Estados Unidos, Chiquita Brands a través de su filial en Colombia, Banadex, pagó entre 1997 y 2004 cerca de 1.7 millones de dólares a los paramilitares.

Más investigaciones

En 2016 se conoció en medios un listado de 57 empresas que supuestamente eran investigadas por financiar en el conflicto a grupos armados.

En esa ocasión el fiscal Martínez no confirmó esta información pero sí reveló que “me parece irresponsable que se hable a diestra y siniestra de la existencia de 13.000 procesos. La verdad es que en la Fiscalía tenemos 16.000 compulsas en las cuales se mencionan nombres de terceros. Lo que no significa que haya 16.000 empresas investigadas. Su número es infinitamente menor, si acaso ronda por el 1% de esa cifra”. 

A finales del año pasado, el empresario Luis Fernando Zea fue el primero en postularse ante la JEP, buscando beneficios, pues fue condenado a diez años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado en concurso homogéneo e invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado.