El Consejo de Estado admitió la tutela presentada por Enrique Vargas Lleras contra el presidente Gustavo Petro, en la que se solicita la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, debido a unas declaraciones del mandatario sobre presuntas irregularidades en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En un auto emitido el 22 de noviembre de 2024, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, bajo la ponencia del magistrado Wilson Ramos Girón, ordenó la notificación del presidente de la República a través de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia. El plazo para que el mandatario presente su defensa es de tres días. Asimismo, se admitieron como pruebas los documentos aportados por el demandante.
El conflicto se originó el pasado 8 de octubre, cuando el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para acusar a Enrique Vargas Lleras de manipular los sorteos en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, y beneficiarse, según él, de la “privatización” y “politización” de la justicia. Según Petro, estas prácticas también habrían favorecido a su hermano, Germán Vargas Lleras, al permitirle actuar como árbitro en tribunales arbitrales en los que el Estado estaba involucrado, obteniendo grandes sumas de dinero.
"Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública.
Desde aquí juegan al golpe de estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos. La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos”. Publicó el presidente Petro en su cuenta de X
En el documento de la demanda, Enrique Vargas Lleras señala que las acusaciones del presidente “carecen de todo tipo de sustento fáctico y jurídico” y que no obedecen a un criterio de razonabilidad. Así lo expresa en la demanda: “Ha señalado de forma difamatoria que, supuestamente, el suscrito ha realizado, afectado o influenciado los sorteos que se efectúan al interior del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para la escogencia de árbitros”.
Vargas Lleras agregó que las afirmaciones del presidente implicaban que su hermano Germán Vargas Lleras se habría beneficiado de manera indebida al ser seleccionado como árbitro en tribunales arbitrales donde el Estado era parte, lo que implicaría “miles de millones de pesos”.
En su demanda, el exvicepresidente solicitó al Consejo de Estado que se protejan sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, y exigió que el presidente “se retracte de las afirmaciones efectuadas, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que se hicieron”.