La Procuraduría General identificó discrepancias en el procedimiento, emitió advertencias sobre los terrenos que ya se han adquirido y señaló inconsistencias en las reglas de ejecución del proyecto de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el ente de control, existe una contradicción entre las cifras del informe de gestión 2023 contra las cifras de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2023 de la página de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)

A su vez, aseguró que, pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos. De la cantidad presupuestada, que fue de $1.231.895.430.164, solo se ejecutó el 33%, equivalente a $407.021.505.886.

Igualmente se encuentra que el informe de gestión no menciona varios detalles importantes en la ejecución y adquisición de predios al no incluir el detalle de las hectáreas compradas con los recursos del proyecto "Implementación del ordenamiento social de la propiedad rural a nivel Nacional", proyecto que justamente tuvo la adición de recursos por valor de $800 mil millones.

En el documento de 100 páginas, la entidad sugirió que para cada pago realizado se soporte en el respectivo informe, pues no se tiene certeza sobre los débitos realizados.

El Ministerio Público analizó 86 de las 288 compras que la Agencia Nacional de Tierras ha efectuado con ese propósito y se estima presuntas irregularidades en al menos el 62% de las adquisiciones analizadas.