En la misma semana en que las disidencias asesinaron a seis militares, EU puso en la ‘lista negra’ mundial a ‘Márquez’ y ‘Santrich’, en tanto que ONU dijo que narcocultivos bajaron pero aumentó productividad de cocaína

_______________

El asesinato de seis soldados esta semana en zona rural de La Macarena, en el Meta, no solo impactó al país por el alto saldo mortal, sino porque se trató del ataque más duro de las disidencias de las Farc contra la Fuerza Pública.

Según el Ministerio de Defensa, en la madrugada del miércoles pasado en zona rural de Puerto Lozada, integrantes del “Grupo Armado Organizado residual Estructura 40- Jacobo Arenas” de las disidencias de las Farc, atacaron a una patrulla del Batallón de Operaciones Terrestres No. 2 del Comando Específico de El Caguán, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quitándole la vida a seis uniformados y dejando heridos a otros ocho.

No fue un ataque fortuito. Las tropas del Ejército cayeron en una emboscada cuando adelantaban una operación contra el cabecilla alias ‘Álvaro Boyaco’, que comanda uno de los grupos residuales de las Farc en esta zona, junto a los alias ‘Alirio Mata de Vaca’ y ‘Calarcá’, todos al mando de alias ‘Gentil Duarte’.

Sin embargo, no solo este tipo de acciones de las disidencias de las Farc están prendiendo alarmas sobre la situación del orden público en Colombia en 2020. En realidad, mientras que todo el país ha estado concentrado en la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, la situación de seguridad se ha venido deteriorando poco a poco.

Por ejemplo, según el último reporte del Ministerio de Defensa, con corte a abril se registraron 68 atentados terroristas, 18 ataques contra oleoductos y torres de energía, 11 acciones subversivas (tres más que en el mismo lapso de 2019), se erradicaron 17.200 hectáreas de narcocultivos, fueron incautadas 155 toneladas de cocaína (20 más que el año pasado), 195 miembros del Eln fueron “neutralizados” (desmovilizados, capturados o muertos) así como 1.154 miembros de grupos de crimen organizado. También hubo casi 500 capturas por minería ilegal.

De igual forma, hasta abril 14 efectivos de la Fuerza Pública fueron asesinados, cifra que ya es superior debido a los uniformados muertos en mayo y junio, entre ellos los seis en La Macarena.

No menos preocupante es que en los primeros cuatro meses de este año hubo 54 personas heridas por explosión de minas, entre ellas 43 civiles.

En cuanto a homicidios a abril iban 3.567 víctimas. En este rubro figuran seis masacres (con un total de 26 muertes). Asimismo hubo 20 secuestros, de ellos nueve extorsivos. Por último, las autoridades tenían noticia de casi 2.000 casos de extorsión.

Más alertas

Según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el primer cuatrimestre “la confrontación armada continuó activa, con el aumento de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública y de los grupos armados organizados. Sin embargo, su letalidad ha disminuido: menos miembros de la Fuerza Pública mueren o resultan heridos. También, hay una caída en el número de integrantes de los grupos armados organizados que han resultado muertos en operaciones. Los grupos armados de mayor actividad fueron el Eln y las disidencias de las Farc, pero la mayoría de los combates de la Fuerza Pública se dirigieron contra el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’”, señaló el informe.

Agregó que a nivel nacional los homicidios disminuyeron 16% y en el caso de los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la baja fue del 12%.

El mismo informe indicó que las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10% y los homicidios 53% (49 entre enero y abril). El mayor número de casos se dio en Cauca, Putumayo y Antioquia. Por su parte, los desplazamientos forzados tuvieron un incremento del 5%, concentrándose en Nariño, Putumayo y Antioquia.

En cuanto a la emergencia sanitaria, la FIP encontró que los combates de la Fuerza Pública no tuvieron variaciones significativas, mientras que las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron. Respecto al número de homicidios de líderes sociales y excombatientes, la pandemia no parecía estar teniendo efectos en las tendencias que se venían presentando. Sin embargo, sí hubo un incremento en los desplazamientos forzados y en las víctimas de minas antipersonal.

Incluso, el pasado 9 de junio el procurador Fernando Carrillo denunció ante la Fiscalía el reclutamiento ilícito, uso de menores de edad en la comisión de delitos, lesiones y homicidios de personas protegidas, actos de terrorismo, tortura y desplazamiento forzado del que han sido víctimas miles de niñas, niños, adolescentes y familias campesinas e indígenas, en medio de la pandemia, a manos del Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales como ‘Caparrapos’, ‘Bloque Virgilio Peralta Arenas’,  ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Las Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás “Grupos Armados Organizados Residuales” (GAOR).

A ello se suma que esta semana Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA advirtió en su informe que “alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, que generan profundos impactos en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La Misión también constató que la continuidad en las acciones de expansión y control territorial de los grupos armados ilegales generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacífico Nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.

Por último advirtió sobre amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra liderazgos comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas.

El nuevo enemigo

Si bien no es la primera vez que Fuerzas Militares y disidencias combaten, e incluso en bombardeos han sido abatidos importantes cabecillas de esos grupos, el ataque del miércoles pasado marca, sin duda, un punto de inflexión que evidencia que la peligrosidad de esa facción ilegal ya es muy alta.

De hecho, hace unas pocas semanas durante un debate en el Senado el Ministerio de Defensa indicó que las disidencias de las Farc podrían tener unos 4.600 integrantes, de los cuales 2.600 serían combatientes efectivos y los restantes integran las llamadas redes de apoyo y milicias, tanto rurales como urbanas. Esta facción la componen 32 grupos en 20 departamentos, más de 120 municipios y casi 2.500 veredas.

El común denominador de esa expansión territorial es el mismo: zonas de narcocultivos, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, tala ilegal de madera y otros delitos asociados. Es más, a diario, no para el pulso a sangre y fuego entre grupos disidentes y reincidentes de las Farc con frentes del Eln y las bandas criminales. Ello explica también por qué los índices de homicidios y violencia, según los informes de la Fiscalía, han aumentado en los últimos años en las zonas en donde antes operaban las facciones de las Farc que sí se desarmaron.

A hoy es claro que el liderazgo de las disidencias se lo están disputando Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’ e ‘Ivan Márquez’. El primero lleva tres años tratando de reorganizar las antiguas estructuras del ‘Bloque Oriental’, sobre todo en las zonas más densas en narcotráfico y minería ilegal. El segundo, ex número dos de las Farc, ex jefe negociador en La Habana y quien se apartó del proceso hace dos años, permanece -según informes de Inteligencia Militar- en Venezuela, junto a Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’; Hernán Darío Velásquez, alias ‘El paisa’; Henry Castellanos, alias ‘Romaña’; Géner García, alias ‘Francisco Javier Builes’ o ‘John 40’; Néstor Gregorio Vera; y alias ‘Iván Mordisco’, entre otros.

Se sabe que ‘Márquez’ y compañía, bajo la protección de la dictadura de Nicolás Maduro, busca estructurar a las disidencias en un nuevo ‘Secretariado del Estado Mayor’, con jefatura política y militar. En esa tarea ha tenido fuertes pulsos con ‘Duarte’, incluso por la distribución de las rentas del narcotráfico.

Aunque ‘Márquez’ intentó hacer una “alianza político-militar” con el Eln, la propuesta no prosperó, sobre todo porque esta segunda guerrilla, desde que desdobló hace dos años parte de su estructura militar hacia Venezuela, gracias también a la complicidad del chavismo, ha crecido en pie de fuerza y ya tendría no menos de 4.000 hombres-arma.

En ese marco operacional, el Eln no sólo le ha restado importancia a una alianza con las disidencias, sino que, incluso, en el último año y medio su mayor logro fue el apoderarse de buena parte de la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, en combate abierto contra la banda criminal de ‘Los Pelusos’ (derivada del antiguo Epl).

Como esta es una de las regiones más densas en narcocultivos de todo el país, la primacía elena no es un hecho menor dentro del nuevo escenario del conflicto armado interno. Si bien es cierto que el Eln, con quien el gobierno Duque rompió el año pasado el proceso de paz heredado del gobierno Santos, después del cruento atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía, sigue operando en varias zonas del país e incluso ha incrementado en los últimos meses sus ataques a la Fuerza Pública y los secuestros, lo del Catatumbo sí varía la correlación de fuerzas entre los irregulares.

Ese nuevo mapa de los retos del orden público en Colombia el tercer actor son las bandas criminales de alto espectro, que sigue expandiéndose pese a que han sido golpeadas de forma sustancial y reiterada por la Fuerza Pública y la Fiscalía, que han abatido o capturado a un número sustancial de sus cabecillas y lugartenientes, así como decomisado y sometido a extinción de dominio una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles.

El narcotráfico

Precisamente esta semana el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó una reducción del 9% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019.

Ello constituye una buena noticia, ya que se confirma que, tras siete años de boom de los narcocultivos, que incluso llegaron a más de 210.000 hectáreas, por fin se rompió la tendencia al alza de los sembradíos ilícitos.

Sin embargo el mismo informe advirtió que a pesar de esa reducción, la producción de cocaína se mantiene estable, por encima de las 1.137 toneladas anuales. De igual forma, así como en Caquetá se redujo el área sembrada en un 62%, Antioquia en 29%, Nariño en 12%, Bolívar en 7,5% y Putumayo en 5%, hubo incrementos notables en Norte de Santander (Catatumbo), con 24,1% y en el Valle del Cauca, con un 82% respecto a 2018.

También alertó el hecho de que hay una mayor  productividad de los narcocultivos, debido principalmente a la concentración de la coca en enclaves productivos donde se facilita la siembra y transformación de la hoja.

“Si se considera la tendencia a la concentración que se viene presentando desde 2015, el dinero derivado de los mercados de la coca se mueve en territorios bien delimitados, por lo que localmente tiene una muy fuerte incidencia en la economía y genera dependencia económica de la actividad ilegal, no solamente para los cultivadores de coca, sino para muchos actores involucrados en actividades tanto legales como ilegales en los enclaves”, precisó el Simci.

Mano fuerte

Como se ve, la situación de orden público se ha deteriorado poco a poco. Los resultados de la política de seguridad y antidroga del Gobierno son alentadores, pero el desdoblamiento de las disidencias y del Eln, así como la alta capacidad de las banda criminales para reciclar cabecillas a nivel regional, hacen muy difícil romper de forma sustancial el accionar de estos grupos armados.

El presidente Duque, tras el asesinato de los seis militares el miércoles, aseguró que “vamos a seguir enfrentando con total contundencia” a esos grupos armados organizados y las disidencias.

“El narcotráfico es asesino de líderes sociales, es un degradador, un ecocida que afecta muchísimos lugares privilegiados de nuestra geografía nacional. Por eso tenemos que luchar contra ese mal con toda contundencia y por eso nuestra meta este año es erradicar 130.000 hectáreas de coca, seguir aumentando la interdicción y la afectación de toda la cadena criminal de las organizaciones narcotraficantes”, agregó, a su turno, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Desde otros sectores también se pide más mano dura. Por ejemplo, mientras que el senador y expresidente Álvaro Uribe dijo que “muchos de quienes apoyamos al Gobierno, consideramos que se requiere que la aviación militar debe bombardear al terrorismo, día y noche, sin tregua", el Cuerpo de Generales y Almirantes retirados urgió más contundencia en el combate a las disidencias y el Eln, porque “este hecho deplorable demuestra una vez más, que en Colombia las organizaciones terroristas han adquirido mucha capacidad por el poder económico del narcotráfico…”.

De hecho las disidencias recibieron esta semana un duro golpe desde Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por información para capturar a ‘Márquez’ y ‘Santrich’, acusados de narcotráfico y terrorismo, sobre todo en complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro, por quien se ofrecen 15 millones y 10 por el resto de su cúpula. De esta forma, los dos cabecillas subversivos colombianos quedaron en el mismo top de recompensas que ofrece Washington por los líderes de Al Qaeda y el ‘Estado Islámico’.

A ello se suma que Estados Unidos también, en el marco de su plan político, económico, jurídico y militar (activó en el Caribe la operación antidroga más amplia de la década) para debilitar y remover a la dictadura de Maduro, convertida hoy en la ‘retaguardia estratégica’ de las disidencias y el Eln, semanas atrás puso a Venezuela y Cuba en la ‘lista negra’ de países que no colaboran con la lucha antiterrorista.

Incluso, no hay que dejar de lado que hace dos semanas empezó a llegar al país un grupo de 50 asesores militares de la Brigada de Asistencia y Fuerza de Seguridad,  adscrita al Comando sur de los Estados Unidos, expertos en estrategia y táctica operacional castrense.

Es más, dentro de su estrategia para reducir el accionar de los grupos ilegales el Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, proyectó el decreto 601 mediante el cual se establece una ruta para el sometimiento a la ley de los integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), incluyendo al Eln. Ello a cambio de beneficios económicos y jurídicos.

Como se ve, es claro que las alarmas sobre un progresivo deterioro del orden público en Colombia siguen prendiéndose. Si bien es cierto que el Gobierno y la Fuerza Pública están dando resultados en la lucha contra los actores armados ilegales, estos parecieran estar fortaleciéndose a la sombra de un boom narcotraficante que continúa sin retroceder sustancialmente.