Alerta por las demoras en la justicia colombiana con respecto a la solución de presuntas violaciones de derechos cometidas por oficiales de las Fuerzas Armadas, manifestó el Departamento de Estado norteamericano en su informe de derechos humanos.

El reporte entregado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, señala que esas demoras han generado preocupaciones sobre la efectividad y responsabilidad de la justicia del país.

La entidad hace referencia especialmente a los casos de homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial, mal llamados ‘falsos positivos’, que todavía no se han resuelto.

El Departamento de Estado dice, sin embargo, que el Gobierno ha tomado los pasos necesarios para investigar, judicializar y castigar a los militares hallados responsables.

Hace 15 días la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) recibió la versión número 55, en el marco del Caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, a partir del informe número 5 de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información suministrada por la JEP, estas versiones se rindieron en cumplimiento del régimen de condicionalidad que, entre otras exigencias, demanda el compromiso del compareciente de aportar a la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas. Estas diligencias fueron reservadas y tuvieron lugar en Bogotá, Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Yopal.

Los comparecientes investigados en esta primera etapa del Caso 003, provienen del Batallón de Artillería No 2 (La Popa), la Brigada Móvil 15, el Grupo Gaula Casanare, la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército.

El 7 de diciembre, la Sala dio traslado de 41 versiones a las víctimas. Después de esto, se espera que las mismas presenten sus observaciones y soliciten nuevas pruebas, si así lo requieren, para continuar con el proceso.

Por otra parte, las organizaciones sociales y de víctimas han presentado 10 informes a la Sala de Reconocimiento y se han acreditado 162 víctimas.

Adicionalmente, en el marco de este caso, la JEP ha realizado cuatro acciones pedagógicas en la comunidad indígena Makugueka (resguardo indígena Kankuamo), en Valledupar, Barranquilla y Cúcuta.

Las versiones de integrantes de la fuerza pública, como ha ocurrido con los miembros de las Farc, tienen el valor de confesión cuando hay aceptación de autoría o participación, además son reservadas y similares a las que se realizan en la justicia ordinaria, cuando se ordena a una persona a responder a una entrevista o interrogatorio de la Fiscalía.