Un llamado al Estado colombiano “a centrar todas las miradas en la región del Catatumbo con el fin de proteger a la población civil” hicieron ayer a través de un comunicado varias ONG y organizaciones sociales, entre las que están la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Para conocer de los problemas de esta región nortesantandereana, para hoy está programada una visita de la Comisión de Paz del Congreso de la República a la vereda Campo Alegre, municipio de Convención.

En un comunicado conjunto, las entidades relacionan varios hechos recientes que fundamentan su alarma, entre los que mencionan el asesinato ocurrido el lunes del militante del partido Farc, Dimar Torres, hechos que son materia de investigación y en los que estarían involucrados soldados del Ejército Nacional.

Para hacer frente a la situación, las ONG recogen iniciativas planteadas desde la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, entre las que destacaron la implementación de misiones conjuntas de verificación humanitaria en el Alto y Bajo Catatumbo a realizarse en las próximas semanas, así como el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, seguimiento y denuncia frente a violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que han sido construidos por las organizaciones sociales y comunales del territorio.

“A las instituciones de orden municipal, departamental y nacional, así como a los organismos internacionales, les solicitamos”, sostienen las ONG en su comunicado, “activar las rutas y protocolos de acompañamiento y seguimiento a las denuncias presentadas” y además “garantizar la vida, honra y seguridad de los habitantes de la región del Catatumbo”.

También le pidieron “al Inspector General de las Fuerzas Militares investigar el comportamiento de los militares comprometidos con las violaciones denunciadas por la comunidad y organizaciones defensoras de DDHH” y “al Procurador General de la Nación, investigar la conducta de los miembros de la Fuerza Pública comprometidos con las agresiones a la población civil”.