La disminución de las tarifas de Transmilenio cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá hizo que la Procuraduría abriera en su momento investigación disciplinaria contra Petro y otros exfuncionarios.

En su decisión el ministerio público determinó que dicha decisión se “sustentó en estudios técnicos y económicos y correspondió a la ejecución de una política pública contemplada en el Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012-2016”.

Sin embargo, este jueves el organismo de control concluyó que la reducción de tarifas no afectó las finanzas de la capital debido a que “contaba presupuestalmente con los recursos públicos para hacer viable la medida de disminuir la tarifa del servicio público de transporte durante unas horas determinadas del día”. 

Consideró además que “la medida del Alcalde Mayor de Bogotá para la época, repercutió en el bien de la comunidad, principalmente frente a la población de menos recursos”.