Antes del 7 de febrero, el gobierno que se instala mañana debe presentarle al Congreso el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.

Parece mucho tiempo, pero como se verá, son muchos los pasos por cumplir y, si en un momento dado, al gobierno del presidente Iván Duque lo coge la noche habrá de citar a sesiones extras al Congreso para que se debata la iniciativa.

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que desde mañana estará bajo el liderazgo de la economista Gloria Amparo Alonso.

De acuerdo con la Constitución, el Plan se compone por una parte general y por un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional.

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.

Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación. El marco legal que rige el Plan Nacional de Desarrollo está consignado dentro de la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, entre otros, los principios generales de planeación, la definición de las autoridades e instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.

El Planeación Nacional se constituye como la unidad rectora de planificación en el país, razón por la cual debe dirigir el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, y coordinar la inclusión de los comentarios pertinentes por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y demás actores de la sociedad civil.

Una vez presentado el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso, a través del Ministerio de Hacienda, Planeación coordina la ejecución, el seguimiento y la evaluación de gestión y resultados del Plan.

Construcción

Como ya se mencionó, aunque será el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien le presentará el proyecto al Congreso, la construcción tendrá un diálogo con la sociedad civil que coordinará la economista Alonso, jefa de Planeación Nacional, pero cuyo liderazgo lo asumirá el presidente Duque, como ya se los anunció a los gobernadores.

Duque les garantizó que les daría los espacios necesarios para que los departamentos puedan incluir sus proyectos en el nuevo Plan de Desarrollo y puedan trabajar activamente en su ejecución.

“Yo soy un coequipero de todos ustedes y semanalmente estaré en sus regiones”, les dijo el Presidente a los gobernadores durante un encuentro realizado en Bogotá por iniciativa de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

El gobierno elabora el Plan de acuerdo con las metas anuales del balance primario del sector público no financiero. En esta etapa participan las autoridades de planeación y las entidades territoriales.

Después, la propuesta correspondiente se somete a la evaluación del Consejo Nacional de Planeación antes del 15 de noviembre. Luego del concepto emitido por el Consejo (que debe estar listo antes del 10 de enero) se efectúan las enmiendas pertinentes para presentar el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.

En el Congreso, el Plan es discutido por el gobierno con las bancadas parlamentarias regionales, integradas por los representantes a la Cámara de cada circunscripción y dos senadores, en representación de las listas que obtuvieron las dos mayores votaciones para el Senado en el departamento respectivo. Después de estas discusiones, las comisiones de cada cámara elaboran informes en relación con los temas afines a su especialidad.

Cumplidos los pasos anteriores, el Plan se debate en las plenarias para su aprobación. Si el Plan es aprobado, va a sanción presidencial; si no lo es, el presidente Duque puede decretarlo.

Presupuesto

Un insumo clave del Plan Nacional de Desarrollo es el Presupuesto General de la Nación, cuyo proyecto de ley fue radicado hace unos diez días por el saliente ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien lo calificó como “fiscalmente responsable”.

Con un aumento de 3,7%, en relación con el presupuesto 2018, sin considerar el servicio de la deuda, el proyecto presenta un presupuesto total de 259 billones de pesos, de los cuales 35,4 billones de pesos corresponden a inversión y 157 billones de pesos a funcionamiento. Este presupuesto le da prioridad a la educación, sector que ocupa nuevamente el primer lugar, con 38,8 billones de pesos; igualmente prioriza los recursos del sector salud, al que se destinan 28,5 billones de pesos, con el mayor crecimiento respecto a 2018.

El presupuesto pasa de representar el 18,7% del PIB en 2018, a 18,2%, en 2019, una reducción de medio punto del PIB, y, aseguró el ministro Cárdenas, cumple estrictamente con las directrices de la regla fiscal, que implica una disminución del déficit en 0,7 puntos porcentuales del PIB respecto a 2018.

Cárdenas destacó que el trámite de este presupuesto requerirá que el Congreso y el nuevo gobierno trabajen conjuntamente en la identificación de partidas o disposiciones legales que permitan aumentar por vía legislativa las destinaciones de inversión.

OCDE, ODS e implementación

Otro aspecto determinante del nuevo Plan de Desarrollo será la incorporación de los compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la implementación del acuerdo de paz, citados en un mismo punto porque muchas de las metas de estos tres pactos del Estado colombiano se cruzan entre sí.

A parte de esas metas, la OCDE aclaró que el país necesita ejecutar reformas para aumentar los impuestos con el fin de cumplir la Regla Fiscal y las necesidades de gasto social, y que otras reformas estructurales necesarias se deben adelantar para incrementar la productividad y diversificar la economía.

Volviendo a las metas, un documento de Planeación Nacional precisa que los ODS son un elemento integrador, recogen todo en una sola agenda; por ejemplo, 50 de las 169 metas de los ODS guardan relación con el acuerdo de paz y 87 con el acceso a la OCDE.

No es de extrañar que algunas de los ODS de la llamada Agenda 2030 sean objeto de recientes proyectos de ley radicados en el Congreso, como por ejemplo la pérdida y desperdicio de alimentos; reconocer, valorar y redistribuir trabajo doméstico no remunerado; reducción costos de las remesas; y prevenir la introducción de especies exóticas invasoras.