El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, resaltó ante el Consejo de Seguridad la urgencia de movilizar los recursos del Estado para proteger a los líderes sociales, ante el elevado número de asesinatos.

Arnault emitió la alerta este miércoles durante la presentación del informe trimestral sobre la Misión de Verificación en Colombia.

“Todas las fuentes, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), atestiguan que los asesinatos y las amenazas contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos no han cesado en lo más mínimo. (…) Invertir esta tendencia es fundamental para proteger los derechos humanos”, explicó Arnault.

Durante la exposición del documento, Jean Arnault puso como ejemplo el asesinato este fin de semana de Jaime Rivera, coordinador de un programa de reemplazo de cultivos de coca, y sus dos hijos.

“Que este líder estuviera (fuera asesinado) promoviendo un programa patrocinado por el Gobierno y que es parte del Acuerdo de Paz, ilustra la falta de vergüenza de los asesinos y la necesidad apremiante de movilizar a las instituciones del Estado para prevenir y procesar estos crímenes”, dijo ante el Consejo de Seguridad.

Otra de las principales preocupaciones expresadas por la Misión de Verificación es la reintegración económica de los excombatientes. La gran mayoría de ellos, explicó Arnault, no tienen más perspectiva económica que el estipendio mensual que reciben del gobierno colombiano y que termina en agosto de 2019.

"La reincorporación en Colombia se está enfrentando a desafíos de enormes proporciones, entre los que cabe citar la debilidad de las instituciones estatales o su inexistencia, el efecto de las economías ilegales y los incansables esfuerzos de los grupos armados por atraer a antiguos miembros de las FARC-EP a sus filas”, explica el informe.

El documento también hizo referencia a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, un tema vital para lograr la paz ya que el narcotráfico es uno de los combustibles de la violencia.

Dijo que, al 20 de agosto, aproximadamente 20.845 hectáreas de cultivos de coca han sido erradicadas dentro de acuerdos de sustitución voluntaria y las Fuerzas Militares han asistido en la erradicación voluntaria de 5.374 hectáreas adicionales.

“Pese a las serias dificultades, entre ellas el asesinato de miembros de la comunidad y las amenazas contra los líderes del programa de sustitución de cultivos, el hecho de que las comunidades sigan participando en los programas demuestra que pueden encabezar un esfuerzo de ese tipo”, añade el informe.

El Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, también asistió a la presentación del informe e intervino ante el Consejo de Seguridad.

“El acuerdo con las Farc ofrece una oportunidad que Colombia está llamada a aprovechar”, afirmó Trujillo en el encuentro. “La paz es un objetivo de todos los colombianos y todos, absolutamente todos, vamos a trabajar por ella”, añadió.

Pero, también dijo, es necesario hacer “correctivos para mejorar” la puesta en marcha de los acuerdos y la “estabilización” del país.

“Coincidimos con el informe en que es una mala noticia que algunos de los líderes de la antigua guerrilla de las Farc (…) hayan abandonado su obligación de apoyar activamente el proceso. Desde aquí los instamos a retomar el rumbo y a no extraviarse una vez más por el camino de la violencia y la ilegalidad”, dijo Trujillo.

También anunció que se tomará un nuevo enfoque para la reintegración de los excombatientes para agilizar el proceso.

“El presidente Duque conoce las deficiencias de la implementación y todo su gabinete ha empezado a trabajar para subsanarlas. La agenda de paz de su gobierno es la agenda de paz de la Constitución y, aunque va mucho más allá de la implementación, reconoce en su implementación una valiosa y necesaria oportunidad”, aseguró el canciller.

Po último, resaltó que el actual gobierno seguirá resaltando los temas de género y etnias, las víctimas y la justicia.