Lo más alarmante de lo anunciado esta semana por la Fiscalía, no sólo son las propiedades por 650.000 millones de pesos que esa guerrilla desmovilizada no reportó, sino la sospecha fundada de que hizo trampa y tiene más fortunas escondidas, lo que pondría al pacto de La Habana en su peor encrucijada. 

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Desde el mismo momento en que en la mesa de negociaciones de La Habana se pactó lo relativo a cómo, cuándo y para qué las Farc deberían entregar todos los bienes de origen ilícito que habían acumulado en su accionar criminal, no pocos sectores en Colombia advirtieron que lo acordado era demasiado superficial y gaseoso, lo que podría convertirse en un problema grave a futuro tanto para la credibilidad misma del proceso de paz como para la seguridad jurídica de los cabecillas y pie de fuerza desmovilizados.

 

En repetidas ocasiones, antes de que venciera el plazo que tenían las Farc para entregar el listado de bienes y activos de origen criminal con destino a la reparación de las víctimas, desde muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se reiteraba la hipótesis de que la guerrilla había acumulado una inmensa fortuna tras varias décadas lucrándose del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, el desplazamiento forzado, abigeato… No en vano, durante muchos años se acusó a las Farc de ser una de las organizaciones terroristas más ricas a nivel mundial.

 

La oposición, en especial la uribista, advertía a cada tanto que lo pactado con las Farc no garantizaba que esa guerrilla entregara todos los bienes y activos ilícitos que tenían a nivel nacional e internacional, lo que hacía más riesgoso aún que se les otorgaran amplios beneficios jurídicos, políticos y económicos.

 

Sin embargo desde las orillas gubernamentales siempre se replicaba que el acuerdo era taxativo en que si se encontraba ocultamiento de bienes por parte de los integrantes de las Farc, estos perderían todos los beneficios pactados, incluyendo la posibilidad de cero cárcel a los responsables de delitos atroces y de lesa humanidad.

 

Es más, en medio de la polarización política entre contradictores y partidarios del proceso de paz, el santismo no en pocas ocasiones replicó al uribismo que si hubo una norma laxa en este tema fue precisamente la Ley de Justicia y Paz que se aplicó a los grupos paramilitares para viabilizar su desarme y desmovilización. Recordaban que los cabecillas de los grupos de autodefensas solo entregaron a lo largo de más de una década de vigencia de esa norma bienes y activos por no más de 300.000 millones de pesos, una cifra irrisoria –además de difícil de monetizar– frente a los presupuestos billonarios invertidos por el Estado para la reparación administrativa de las víctimas de los ‘paras’.

 

Varios informes de la Contraloría General y otros entes de control respecto a la Ley de Justicia y Paz recalcan no sólo en el muy bajo número de condenas sino también en que fue incipiente el volumen y costo de los bienes entregados para la reparación de las víctimas. 

 

Pulso en plebiscito

 

La polémica en torno a que el acuerdo suscrito en La Habana a mediados de 2016 no garantizaba que las Farc devolvieran su millonaria fortuna ilícita, fue tema central en la campaña y la votación del plebiscito refrendatorio de paz, el 2 de noviembre de ese año, en el que ganó sorpresivamente el “No”, confirmando las altas prevenciones de la opinión pública frente a la gran cantidad de gabelas políticas, jurídicas, económicas y sociales otorgadas a la guerrilla a cambio de su desarme y desmovilización.

 

Como se sabe, tras un accidentado -y roto a las pocas semanas- “diálogo nacional” del Gobierno y los del “No”, la Casa de Nariño y el Congreso, con anuencia de la Corte Constitucional, acudieron a una inédita “refrendación legislativa” para resucitar el denegado pacto, contrariando el dictamen popular.

 

Pero ya para entonces desde hacía varios meses el fiscal Néstor Humberto Martínez venía dando campanazos en torno a las investigaciones del ente acusador sobre los bienes de las Farc y la necesidad de acelerar las pesquisas para concretar los decomisos de miles de hectáreas, decenas de fincas, empresas y hasta cuentas financieras a nivel nacional e internacional, la gran mayoría de las cuales estaba a nombre de testaferros y sociedades de fachada para ocultar su origen ilícito. Incluso tasaba esas propiedades en más de un billón de pesos.

 

Es más, a finales de 2016, cuando se tramitaba en el Congreso el llamado “acto legislativo para la paz”, que creaba el ‘fast track’ y todo el mecanismo jurídico y político para la implementación de lo pactado, la Fiscalía fue tajante en torno a que debería quedar claro que la ocultación de los bienes ilícitos implicaría la pérdida de los beneficios a los desmovilizados. También insistió en que la justicia ordinaria no podía perder herramientas ni facultades para perseguir esos bienes, porque la justicia transicional no podía derivar en una amnistía al testaferrato y el lavado de activos de origen espurio.

 

Paradójicamente desde el Gobierno, tanto el equipo negociador en La Habana como varios ministros replicaban, no sin algo de incredulidad, que se hablaba mucho de la “fortuna de las Farc” pero que nadie daba razón de dónde estaba para poder ir a decomisarla.

 

Desde La Habana no en pocas ocasiones los delegados negociadores de las Farc replicaban, de un lado, que el Fiscal le quería poner “palos en la rueda a la paz” y, de otro lado, que no era cierto que esa organización o sus cabecillas tuvieran millonarios recursos escondidos en fincas, empresas y paraísos fiscales. Incluso llegaron a precisar que “la guerra era costosa” y que los recursos que recaudaban en su accionar delincuencial se reinvertían en el mantenimiento del pie de fuerza y los pertrechos militares para seguir combatiendo al Estado.

 

Como era apenas obvio, la controversia no se hacía esperar y no pocos sectores reaccionaban advirtiendo que esa facción subversiva se burlaba del país y no se las podía venir a dar ahora de “pobre viejecita, sin nadita qué comer, salvo… ”.

 

Soldado advertido…

 

Con esa prevención alrededor de los bienes que debía entregar las Farc arrancó el 2017, en medio de los afanes gubernamentales por el demorado proceso de localización territorial de los guerrilleros y sus cabecillas en las 26 “zonas veredales y campamentarias”.

 

A lo largo de ese primer semestre del año pasado aumentó la polarización a nivel nacional en torno a la accidentada implementación del acuerdo. Se repetía y exigía a cada tanto que para acceder a los beneficios de amnistía y otros, la organización guerrillera debía entregar un listado de bienes, para lo cual se expidieron los respectivos decretos reglamentarios.

 

Es más, según el decreto clave, el 903, el Congreso dejó en claro que los desmovilizados tenían el deber de elaborar un "inventario definitivo de sus bienes y activos", en atención al acápite 5.1.3.7 del Acuerdo Final de La Habana, según el cual los "bienes y activos que no hayan sido inventariados [...], recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria".

 

La fecha límite, según el decreto referido, era el 1 de agosto y las Farc efectivamente entregaron ese día un largo y detallado listado de bienes que, según sus cuentas, se acercaba al billón de pesos.

 

Grosso modo, el inventario fue el siguiente: Hectáreas: 241.560, valoradas en $441.503 millones; medios de transporte: 292, avaluados en $8.317 millones; vacunos: 20.724 cabezas, valoradas en $31.648 millones; equinos: 597 cabezas, avaluadas en $971 millones; efectivo: $2.500 millones; bienes confiscados a la mafia, fundamentalmente fincas: $29.235 millones; caletas que confiscaron las autoridades: $16.476 millones; infraestructura vial: 3.753 kilómetros, $196.622 millones; inversión social: $4.484 millones; armamento $210.172 millones; equipos y enseres: $21.300 millones; dólares: US$450.000; y oro: 375 kilos 520 gramos…

 

Sin embargo, tan pronto como se conoció el listado, sobrevino una polémica de marca mayor. De un lado porque la guerrilla había incluido dineros y bienes ya incautados; fincas que había ‘expropiado’ a la fuerza; propiedades en cabeza de terceros y apenas señaladas con datos geográficos gaseosos; también estaba ‘cobrando’ el armamento entregado; cuantificó hasta las cucharas, cuchillos, losa y demás utensilios de cocina; igual lo hizo con ropa y toda clase de elementos de uso cotidiano en el monte; relacionó  hasta procedimientos médicos y estéticos; también metió las vías que hizo de manera ilegal en la selva… La polvareda fue tal, que algunos sectores hablaron de trampa a las víctimas y burla al Estado.

 

Sin embargo, fue, de nuevo, el Fiscal General el que proyectó el análisis más crítico. En carta al ministro del Interior, Guillermo Rivera, el 23 de agosto del año pasado, Martínez Neira hizo un amplio análisis de lo reportado por la guerrilla y se quejó puntualmente de la indeterminación de muchos de los bienes.

 

“Para los fines del ejercicio de las competencias de la Fiscalía, es imperativo que se identifiquen cabalmente los activos. Para este efecto, cuando menos, los bienes de género deben ser perfectamente detallados y ubicados con precisión, en el sitio en el que se encuentren, y los cuerpos ciertos tienen que ser identificados por su número de registro, cuando la enajenación de los mismos esté sujeta a inscripción (v.gr.: inmuebles, automotores, naves, etc.), o por sus características peculiares, indicando su preciso lugar de ubicación, cuando se trate de bienes específicos cuya mutación de la propiedad no implique registro. Para estos fines no basta con la simple indicación de una vereda o de un municipio”, advirtió Martínez.

Agregó que el listado entregado por la guerrilla se caracterizó por la indeterminación de los activos "relacionados", lo cual debería ser enmendado a la brevedad. “De lo contrario, en la práctica se buscaría hacer nugatoria la facultad de la Fiscalía de aplicar el régimen penal ordinario respecto de los bienes no inventariados, ante la imposibilidad de su determinación, amén de hacer imposible la integración del Fondo de Víctimas”, recalcó.

 

Los peros de Martínez se extendieron a inconsistencias en los inmuebles, medios de trasporte, semovientes, los bienes ya confiscados a la mafia, los 3.753 kilómetros de vías ilegales que no podían formar parte del "inventario", los "bienes" entregados bajo el concepto de “inversión social", la inaceptable maniobra de tasar el costo del armamento entregado a la ONU así como el de miles de equipos, enseres y utensilios. También criticó la inclusión de bienes que ya estaban en proceso de extinción.

 

Martínez insistió en que no podía olvidarse que la guerrilla acordó con el Gobierno que los "bienes y activos que no hayan sido inventariados [...], recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria" (acápite 5.1.3.7 del Acuerdo Final), por manera que -para todos los efectos- la Fiscalía tendrá que los bienes identificados por el ente acusador como de propiedad de las Farc o de sus testaferros y que no fueron relacionados en el documento que se comenta, podrán ser objeto de la acción de extinción de dominio a partir de la fecha y, por ende, respecto de los mismos la Fiscalía obrará en consecuencia”.

 

Las Farc replicaron que habían sido lo más minuciosas posible en la elaboración del listado, y por eso habían incluido hasta sus posesiones más pequeñas. Asimismo,  volvieron a insistir en que no tenían fortunas escondidas en el país ni en el extranjero, al tiempo que señalaron a los críticos de querer ‘atravesarse a la paz’, retándolos incluso a que se les demostrara que tenían bienes escondidos.

 

El nuevo golpe

 

Y fue eso, precisamente, a lo que se dedicó la Fiscalía en los últimos meses. Incluso advirtiendo, en el marco de la aprobación del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y otras leyes y reformas para la implementación del acuerdo de paz, que el Estado no podía permitir una trampa de la guerrilla desmovilizada ni legalizar fortunas a través de los beneficios políticos, jurídicos y económicos dados a los desmovilizados.

 

Todo lo anterior desembocó en que esta semana se pusiera en evidencia, con nombre propio, que las Farc sí habrían incumplido el acuerdo de entregar la totalidad de sus bienes, con los riesgos que ello implica respecto a perder los beneficios.

 

Según la Fiscalía, luego de un arduo trabajo de investigación, en colaboración con el Ejército, se capturó a presuntos testaferros de las desmovilizadas Farc y se logró la extinción del derecho de dominio sobre bienes en 23 municipios, en el centro del país, por un valor de 650.000 millones de pesos.

 

En este operativo fueron detenidos tres de los cuatro hermanos Mora Urrea y se ordenó la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia Chaux González, presuntos testaferros de alias el ‘Negro Acacio’, abatido años atrás. Reconocidas cadena de supermercados populares en Bogotá, Cundinamarca y Tolima, así como casas de recreo en los Llanos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos quedaron judicializados.

 

Aunque de inmediato las Farc se apresuraron a advertir que era un “falso positivo” de la Fiscalía, lo cierto es que las pesquisas apuntan a alias ‘Romaña’ y otros cabecillas desmovilizados.

 

¿Perderán esos cabecillas los beneficios? ¿Podrán ser sacados de la JEP y juzgados por la justicia ordinaria? ¿Qué efecto tendrá este descubrimiento de la Fiscalía sobre la viabilidad de un acuerdo de paz ya de por sí desprestigiado y que tiene al país polarizado? ¿La responsabilidad es solo de algunos cabecillas o de toda la organización? ¿Si la Fiscalía dice que los bienes detectados a la guerrilla van por 2,9 billones de pesos, cómo explicarán las Farc, ahora convertidas en partido político y en plena campaña electoral, semejante desfase? ¿Cuántos bienes más no reportaron? ¿Podrá seguir el Gobierno asegurando que el acuerdo se basó en el respecto a las víctimas, si se detectó semejante trampa? ¿Qué impacto tendrá toda esta controversia en la recta final de la campaña presidencial que tiene este acuerdo de paz y la crisis con el Eln como principal telón de fondo?...

 

En fin, son muchas las preguntas que se pueden formular, pero por ahora sus respuestas no son claras. Hay que comprobar, judicialmente, lo denunciado esta semana. Lo único que, sí, es que la entrega de los bienes de las Farc era un flanco débil del acuerdo desde el mismo momento en que se pactó en La Habana y desde entonces es falencia no ha hecho más que evidenciarse y agravarse, como prueba de la improvisación de los negociadores y los riesgos intrínsecos del acuerdo.