En Bogotá es habitual escuchar el término ‘elefante blanco’, un concepto que hace referencia a obras públicas de infraestructura que tienen un impacto negativo para la comunidad, en razón a que no se terminaron o han sido abandonadas y cuyos costos de inversión y mantenimiento superan los beneficios sociales. Incluso, en algunos casos, se le considera así al tener un uso diferente para el que fue creado.

Es por esto que la Contraloría General de la República (CGR), desde la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, las gerencias departamentales colegiadas y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se dio a la tarea de “cazar” los elefantes blancos que existen en el país, buscando identificarlos y hacerles seguimiento a aquellas obras que, por su abandono, representan un impacto negativo para las comunidades.

En este sentido, EL NUEVO SIGLO consultó un informe de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en aras de identificar los ‘elefantes blancos’ más grandes de Bogotá.

Museo de Memoria de Colombia

La construcción del Museo Nacional de Memoria de Colombia, ubicado en la Calle 26 con Avenida Las Américas, hace parte de los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto armado. Seis años después de la firma del ‘Acuerdo de Paz’, la obra aún no ha sido entregada.

Según el Ministerio Público, el proyecto debía entregarse en octubre del año 2022. A la fecha, con un valor que supera los 90 mil millones de pesos, falta aproximadamente el 20 % de su ejecución.

Bajo esta premisa, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública solicitó al Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, encargado del proyecto, entregar explicaciones de la situación.

Asimismo, según el Centro de Memoria Histórico, el concreto que se empleó para la construcción de la fachada y los muros interiores, es de mala calidad, por lo cual han recomendado no continuar con la obra. El ente de control señaló que continuarán vigilando que las obras no queden inconclusas, y que los atrasos del proyecto no generen un grave detrimento patrimonial a la Nación.

En el proyecto se diseñó que el museo tendría cinco salas de exposición, espacios para la creación y exhibición de obras artísticas, un lugar para el Archivo de Derechos Humanos, un centro de documentación, un teatro multipropósito, entre otros. De ser entregado, el proyecto culminaría en el año 2024.

Hospital de Kennedy

Aunque a finales del mes de abril, el Distrito entregó la torre II del Hospital del Kennedy y que la Contraloría Distrital sostuvo que la obra tiene un avance cercano al 98 %; este proyecto estaba previsto para ser entregado en el año 2012.

Su planeación inició en el 2007, año en el que el exalcalde, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ y recientemente difunto, Samuel Moreno ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. Posteriormente, en el año 2010 se entregaron estudios técnicos y de diseño, pero a pocos meses de tener que entregar el proyecto, el contratista pidió una primera prórroga y la interventoría del proyecto determinó que hubo incumplimiento por parte del solicitante.

Luego, en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, en el año 2018, otro contratista llegó a intervenir el proyecto y en esta nueva ocasión se prometió terminar en 1 años y 5 meses, bajo el pago de 39.000 millones de pesos salidos del erario público. Sin embargo, las promesas del constructor nuevamente quedaron sin cumplirse.

De acuerdo con la Contraloría Distrital, la construcción, que se demoró más de 13 años, pasó de costar $32.000 millones a más de $98.000 millones. La obra también registró siete prórrogas, tres adiciones presupuestales y una suspensión por temas de pandemia.

A la fecha, el Distrito aún no ha anunciado la inauguración de la Torre.

Unidad Deportiva El Salitre

Tras varias demoras que tuvieron lugar desde 2018, en octubre de 2020 la actual administración del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio inicio al proceso de incumplimiento y, finalmente, en el mes de diciembre de 2022, se falló la declaratoria de incumplimiento del contrato 2937 de 2017 en contra de la Unión Temporal San Antonio, que estaba a cargo de la obra de la UDS y cuya finalidad era hacer una intervención estructural de reforzamiento en la UDS, con un plazo de ejecución estimado en 10 meses y por un valor de 12.000 millones de pesos.

El incumplimiento de las obras, que solo avanzaron un 38 %, perjudicó a las ligas deportivas que entrenaban allí y afectó a toda la ciudad, en su búsqueda de ofrecer escenarios deportivos óptimos y de calidad.

“Tenemos una gran noticia para nuestros deportistas y la ciudad. Gracias a la gestión legal y jurídica adelantada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, pudimos recuperar 4.322 millones de pesos por medio de la aseguradora, tras el incumplimiento, desde el 2018, de las obras de la UDS. Ahora, ese dinero podrá destinarse a dejar un escenario acorde con las necesidades de los y las deportistas del Equipo Bogotá”, aseguró Blanca Durán, directora del IDRD.

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Además, la aseguradora La Equidad Seguros pagó al Distrito 4.322 millones de pesos; valor recuperado como consecuencia del siniestro de incumplimiento del contrato de una obra que quedó inconclusa, lo que ha afectado a Bogotá y a sus deportistas. La Unidad Deportiva El Salitre fue construida en 1973 y allí entrenaban varias ligas deportivas de la ciudad.

Actualmente, se adelantan acciones jurídicas de cobros y perjuicios adicionales contra el contratista Unión Temporal San Antonio, así como un proceso contra la primera interventoría del contrato SB, a quién ya se le declaró también incumplimiento como garante de la ejecución.

Entretanto, el IDRD ya publicó en el Secop II el proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección para contratar los nuevos estudios, diseños y construcción del edificio de ligas de la Unidad Deportiva El Salitre.

Alcaldía de Teusaquillo

Esta obra, señalada de provocar daños en viviendas aledañas y sobrecostos por más de 7.000 millones de pesos, debió ser entregada en marzo del año 2019. Ubicado en la Carrera 30 con Calle 40A, reposa un edificio abandonado compuesto por 12 pisos y tres sótanos.

El contrato para la construcción fue suscrito entre la Alcaldía de Teusaquillo y el Consorcio JR. Su valor inicial fue de 22.290 millones de pesos, con un plazo de ejecución y entrega de 26 meses. A la obra se le hicieron cuatro prórrogas en tiempo y una adición de 7.600 millones de pesos. Posteriormente, el 21 de julio se firmó acta de terminación por vencimiento del plazo. El contrato no ha sido liquidado y no ha habido una nueva contratación.

A los problemas asociados con la localidad, se suma la confirmación del fallo sancionatorio proferido contra Julián Rodrigo Bernal Balmes, alcalde local de Teusaquillo, con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.

La sanción que había sido emitida en primera instancia el 1 de diciembre de 2022, se da por la adjudicación al Consorcio JR Sede, la licitación pública FDLT-LP-019-2016 y la suscripción del contrato de obra pública N°. 088 del 28 de diciembre de 2016, para la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo por valor de veintidós mil doscientos noventa millones ochocientos cincuenta mil seiscientos dieciséis pesos ($22.290.850.616) desconociendo el principio de selección objetiva por cuanto el oferente no cumplía con varias de las exigencias contenidas en el pliego de condiciones.

La Personería Delegada para la Segunda Instancia no acogió los argumentos planteados en el recurso de apelación interpuesto por el defensor del disciplinado. Con los dos hechos señalados el disciplinado incurrió en la conducta descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734, la cual es ilícita sustancialmente en cuanto se atentó contra el principio de moralidad de la función administrativa habiendo sido calificada como falta gravísima a título de culpa gravísima.