“Buenaventura necesita con urgencia una reingeniería total”, es una de las tantas frases que se han escuchado en los últimos días para definir lo que está sucediendo en el puerto sobre el Pacífico y que se resumen en una crisis social que en cualquier momento podría estallar con consecuencias peores que las se vieron el pasado miércoles, justamente cuando se cumplió el día 21 del paro nacional convocado por las centrales obreras.

La clase dirigente y empresarial de ese Distrito Especial y Portuario, sus habitantes, y los expertos coinciden en que Buenaventura necesita una alta dosis de inversión social, pues lo del miércoles es apenas un primer estertor de una crisis incubada a los largo de décadas.

Tanto así que en una entrevista que concedió ayer a un medio regional, el alcalde Víctor Hugo Vidal resumió en una frase lo que piensa la comunidad niche: “Estamos a pocos días de entrar en un caos total”.

Y no le falta razón, pues dirigentes regionales recuerdan que lo que ocurrió esta semana es apenas comparable con lo sucedido durante los 21 días de paro cívico de mayo de 2017 y que solo fue embalsamado por el acuerdo suscrito entonces por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en un documento con 177 “acuerdos para disminuir la brecha social” y que, a la fecha, no se ha cumplido “ni en el 20 por ciento”, como dice un vocero del Comité Cívico de Buenaventura.

Obviamente, no todos los compromisos del pacto recaen en el Gobierno nacional, pues tanto la Gobernación del Vale como la Alcaldía del Distrito tienen que hacer su aporte, que aún está en veremos, de acuerdo con el Comité.

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De cualquier modo, el alcalde Vidal –que asumió en enero de 2020- hoy tiene centradas todas sus esperanzas en la negociación que desarrollan en Bogotá el Comité Nacional de Paro con el Gobierno del presidente Iván Duque.

Pero si en el resto del país se habla de ‘jóvenes ni-ni’, que ni estudian ni trabajan, en el puerto las cosas están peor, al decir del arzobispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que la crisis social de ese municipio “es insostenible”.

Según la Cámara de Comercio local, solo tres de cada diez personas tienen un empleo formal; la tasa desempleo es una de las más altas del país (26%), por encima de la media nacional y un rezago escolar superior al 35%, según el DANE, y con uno de los índices de pobreza más altos del departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con Planeación Nacional.

Por eso, en el puerto están dadas las condiciones para la presencia de bandas criminales como ‘Los Chotas’ y ‘los Espartanos’, antes ‘La Local’, que han reclutado a muchos jóvenes que terminan instrumentalizados para cometer toda clase de delitos.

Monseñor Jaramillo, al referirse a los desmanes, dijo ayer que los vándalos que saquearon más de 30 comercios “eran grupos de muchachos que hacen parte de las bandas que operan en Buenaventura que aprovecharon para cometer toda clase de desmanes”.

En la reacción de las autoridades han sido capturadas seis personas y recuperados algunos de los elementos hurtados. Las pérdidas ascienden a más de $500 millones, según la Cámara de Comercio. Por ello, hoy en el puerto impera la ley seca y el toque de queda.

¿Mano dura?

Frente a los disturbios que se han registrado en prácticamente todo el país por cuenta del paro nacional, el pasado 1 de mayo el presidente Iván Duque anunció que para controlar el orden público se acudiría a la figura de “asistencia militar” prevista en el artículo 170 de la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

“La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe alto riesgo para la integridad de los ciudadanos, y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población”, dijo el mandatario al hacer el anuncio.

Obviamente acudir a esta figura implica concertación con Alcaldes y Gobernadores, pues la  norma en mención dice: “…No obstante, los Gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción”.

En ese sentido, el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Luis Ernesto Gillibert Vargas, explica que  antes que tomar este tipo de decisiones “hay que tener en cuenta la idiosincrasia especial del bonaverense, hay situaciones que hay que manejarlas con mucho cuidado y profesionalismo, no solo con presencia de Fuerza Pública".

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Dice el oficial en retiro que la crisis social en el puerto “se viene consolidando hace muchos años”, y recuerda que como caldo de cultivo, en ese municipio “hay fuerzas extrañas” por la presencia de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, el contrabando, el hurto, el secuestro, etc., como existen en todo el país”.

“Es posible que sí se requiera asistencia militar, pero eso tiene unos protocolos, eso no es así no más”. Por ello pone el ejemplo de Cali donde “la situación Cali se salió de madre”

En el mismo sentido, John Marulanda Marín, coronel en retiro del Ejército y presidente de Acore, el gremio que agrupa a los militares no activos, está de acuerdo con Gillibert en que en Buenaventura se necesita “mucha inversión social”, pero sin descartar la presencia militar.

“Lo que hizo el presidente Iván Duque fue recomendar que existen esa figura pero le soltó la responsabilidad a los Alcaldes y Gobernadores quienes, especialmente los de Cali, Medellín y Bogotá, no la iban a utilizar, así, de entrada”.

Marulanda explica que la norma de la Ley de Seguridad y Convivencia es clara en el procedimiento para aplicarla: se necesita consultar a los Concejos Municipales, que la Policía la solicite porque se desbordó en su capacidad, que los Alcaldes y Gobernadores la soliciten al Gobierno nacional y que finalmente el alto mando la autorice.

“Hemos visto el Ejército en las calles en estos disturbios, pero hay que tener en cuenta que el Ejército es una fuerza letal y es el último recurso de un Estado para garantizar su tranquilidad”.

El presidente de Acore dice que antes de pensar en la asistencia militar hay que esperar “que la Policía agote todos sus recursos: el Ejército es una fuerza letal, no de control de disturbios urbanos”, concluye.