La exhumación de 46 cuerpos de personas no identificadas en el cementerio El Carmen de Riosucio, Caldas, que podrían pertenecer a indígenas emberá chamí del Territorio Ancestral de San Lorenzo reportados como desaparecidos, fue una de las acciones que finalizaron este año en cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para proteger el derecho a la búsqueda en este resguardo indígena.
En la audiencia de seguimiento a las órdenes que emitió la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que se llevó a cabo el 4 y 5 de diciembre en el Centro de Pensamiento José Edilberto Gañán del Resguardo Indígena de San Lorenzo, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de investigación y Acusación (UIA) informó que estos cuerpos quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Medicina Legal, entidad que debe adelantar las labores para establecer su plena identidad.
Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, dio a conocer en la diligencia que en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) solo hay registro de 39 muestras biológicas tomadas a familiares de personas desaparecidas en Riosucio y tres en Supía, municipios entre los que se ubica el resguardo de San Lorenzo, donde se han reportado al menos 200 personas desaparecidas en el conflicto armado.
Ante este escenario, que se repite en distintas zonas del país, y con el fin de agilizar los procesos de identificación de cuerpos recuperados en cementerios como El Carmen de Riosucio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó al Instituto Colombiano de Medicina Legal y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas elaborar una estrategia de tomas de muestras biológicas en lugares apartados de Colombia, particularmente en territorios étnicos, en un plazo de cuatro meses.
La decisión se tomó teniendo en cuenta que de los 46 cuerpos exhumados solo se han identificado cuatro. Para avanzar en la identificación de los demás, las instituciones necesitan avanzar en la toma de muestras biológicas para hacer los cotejos de ADN. Otro reto que enfrentan las entidades es que el lugar donde se exhumaron los cuerpos no coincide con la zona donde la víctima fue desaparecida. Por eso, la Sección le ordenó que acudan a lugares apartados, entre ellos los territorios étnicos, para que sea allí en donde se tomen las muestras biológicas a familiares y se diligencie el reporte por desaparición, como una estrategia real acercamiento institucional a las víctimas.
Para el caso de Caldas, la JEP ordenó a la gobernación y a las alcaldías de Riosucio y Supía dar el apoyo requerido por dichas instituciones en la fase de implementación de la estrategia. La orden además exige registrar reportes de desaparición en el SIRDEC, a fin de recolectar información complementaria que ayude a establecer la identidad de los cuerpos no identificados.
Incidentes de desacato
Al final de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares, la Sección de Ausencia de Reconocimiento dio a conocer la apertura de dos incidentes de desacato por el incumplimiento de órdenes emitidas en los Autos AI 061 y AI 066 del 15 y 29 de septiembre de 2022, respectivamente.
El primero de esos incidentes involucra a Germán Bernardo Carlosama López, director Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, por incumplir con la orden de elaborar un protocolo intercultural, que tenía como propósito dejar capacidad instalada en las autoridades indígenas en la localización, recuperación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas.
Por su parte, la Sección abrió incidentes de desacato al gobernador de Caldas, Luis Velásquez Cardona, y a los alcaldes Marco Londoño Zuluaga, de Supía; y Marlon Tamayo Bustamante, de Riosucio; quienes incumplieron con la orden de apoyar logísticamente unos recorridos que tenían el propósito de garantizar la integridad, conservación y protección de los 15 sitios de interés forense protegidos por las medidas cautelares. Igualmente, por no realizar las apropiaciones presupuestales suficientes que garantizaran la preservación, protección y custodia de cuerpos no identificados e identificados no reclamados, inhumados en los cementerios de El Carmen y San Nicolás.
“Para nosotros la sanción no es un objetivo en sí mismo, el objetivo de nosotros es que se cumplan las acciones en pro de las víctimas. Es justo señalar que algunas entidades registraron el cumplimiento parcial de sus obligaciones, pero no alcanza a satisfacer plenamente sus responsabilidades”, señaló la magistrada María del Pilar Valencia durante la audiencia.