La inclusión de una sobretasa nacional de energía en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el propósito de salvar a Electricaribe, la prestadora del servicio de electricidad en siete departamentos de la costa norte, y que se mantiene en la ponencia para el segundo y cuarto debate en las plenarias de Senado y Cámara, sigue recibiendo críticas de diversos sectores.

Esta vez es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que señaló que esta medida afectaría los gastos de los hogares y la competitividad del país.

De acuerdo con la organización, “el sobrecargo de $4 por kilovatio significa un costo adicional de $206.000 millones anuales sobre todo el país. En el caso del sector industrial el mismo llegaría a cerca de $64.000 millones anuales afectando la competitividad de nuestros productos”.

El artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo, que se aprobó en primer y tercer debates, estipula la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica consumido para los usuarios de los estratos cuatro, cinco y seis, los comerciales e industriales y los no regulados. De acuerdo con el artículo en mención, el sobrecargo sería temporal, entraría en vigencia a partir de la expedición del PND y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2022.

El gremio de industriales manifestó que aunque es “muy importante que la región Caribe tenga suministro eléctrico confiable, de calidad y competitivo para apoyar el crecimiento que necesita” esta “forma de financiación no es la más adecuada en la medida en que la fórmula al aumentar los costos de la energía afectaría los gastos de los hogares, hoteles, restaurantes, el comercio y por supuesto también la industria”.

Como alternativa de financiación, los industriales proponen optimizar el uso de los sobrecargos ya incluidos en la factura eléctrica, los cuales ascienden a $21 por kilovatio y recaudan $580.000 millones anuales para alimentar el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, el Fondo de Energía Social, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas.

Señalaron que la importancia estratégica y social de llevar a cabo el salvamento de Electricaribe amerita “medidas extraordinarias, por esta razón encontramos más que justificado autorizar el destino temporal de una porción de los recursos de estos fondos o complementaria y alternativamente acudir a otros como los del Sistema General de Regalías. Estamos seguros de que el país acompañaría esta estrategia”.

La ANDI manifestó, finalmente, que acompaña las “acciones que conduzcan al restablecimiento de un estado normal en el sector energético de la región. Esperamos contar con un nuevo e idóneo operador antes de finalizar el 2019”.

Críticas de otros sectores

En las últimas semanas la iniciativa ha recibido críticas de diversos sectores. Congresistas vallecaucanos pidieron el mismo trato para Empresas Municipales de Cali (Emcali), que consideran está en una condición similar.

El representante Milton Hugo Angulo, del Centro Democrático, aseveró que la sobretasa es excluyente. “Emcali ha tenido serios problemas financieros y ha tocado hacer las inversiones necesarias. En ese orden de ideas, si se le va a hacer favorabilidad a Electricaribe también se le tiene que dar a las Empresas Municipales de Cali y a todas las empresas que requieren ese apoyo de los estratos cuatro, cinco y seis”, sostuvo en diálogo con este Diario hace unas semanas.

Por su parte el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, señaló que la iniciativa es “un acto de irresponsabilidad” y criticó que los ciudadanos terminen pagando “los malos manejos de las administraciones, aquella ausencia de control político, de control administrativo y de control del Estado”.

Congresistas de la misma región Caribe también han lanzado duras críticas a la iniciativa. El senador José David Name, del Partido de La U, señaló a este Diario que las medidas de financiamiento relacionadas con Electricaribe “carecen de garantías y dejan al Estado colombiano pagando por los errores” de la compañía. 

“No podemos estar de acuerdo con la propuesta de subir las tarifas y crear impuestos transitorios para asegurar la prestación del servicio público de energía eléctrica porque terminarían pagando quienes han sido permanentemente perjudicados por la situación precaria de Electricaribe”, sostuvo.

Daira Galvis, de Cambio Radical, por su parte, señaló que los habitantes de la región “no queremos ser responsables de lo que implica un gravamen a unos sectores sociales que, si bien tienen capacidad de pago, no tienen por qué llevar una carga por lo que fue el mal manejo. No tienen por qué cargar ese descalabro del Estado”.

Incluso los gobernadores del Caribe, a través de un comunicado del 29 de marzo, expresaron que “no estamos de acuerdo con la sobretasa propuesta para que los estratos 4, 5 y 6 de Colombia, aporten a Electricaribe”.

“Este mecanismo fue utilizado durante muchos años en la Región Caribe; a partir del año 1968, los usuarios pagaron una sobretasa varios años con la cual se construyó toda la infraestructura eléctrica regional. Esa infraestructura que después fue vendida por 1.200 millones de dólares tomándose esos recursos por la Nación como si fuera exclusivamente de su propiedad, sin tener en cuenta que era un patrimonio construido con los aportes de la sobretasa de la Región Caribe”, advirtieron los mandatarios.  

$180.000 millones anuales

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que con la sobretasa se obtendrían aproximadamente $180.000 millones al año. Electricaribe, que está a la espera de un nuevo operador tras su intervención en 2016, requiere una inversión cercana a los $7,1 billones durante los próximos 10 años para que tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad, según cifras de la entidad.

El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en primer y tercer debates, contiene un capítulo especial relacionado con Electricaribe que incluye ocho artículos, los cuales tienen una serie de medidas para lograr su sostenibilidad financiera, entre ellas, asumir el pasivo pensional.

Los tiempos corren en contra del Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa, que tiene como plazo límite para su aprobación el próximo 7 de mayo, surtirá su segundo y cuarto debates en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes la próxima semana, luego de que ayer, finalmente, fuera radicada la ponencia, que tiene 349 artículos.