La actuación del procurador Fernando Carrillo para que la agente liquidadora de Saludcoop reversara la venta de Cafesalud a Medimás puso al funcionario en las primeras planas de los diarios nacionales.

No es para menos, si es uno de los temas a los que Carrillo, a pocos días de completar 21 meses en el cargo, le ha dedicado tiempo y energía. Pero no es el único.

Comprometido con adelantar una "procuraduría ciudadana", Carrillo casi recién posesionado asumió como propio de las misiones de su cargo, velar que los funcionarios públicos respeten y hagan respetar los derechos de las víctimas del conflicto, manifestando que “tenemos el acuerdo pero no tenemos la paz todavía”.

Poco después en el Congreso, Carrillo ratificó su “compromiso de ser garante de los acuerdos, el personero y vocero de los derechos de las víctimas” logrando que el Senado permitiera en la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz que el Ministerio Público pudiera participar en la defensa de las víctimas.

A las críticas despertadas por la acción de la Procuraduría, Carrillo reaccionó con energía declarando que “es falso que la Procuraduría se esté oponiendo al proceso de paz”.

Luego de precisar que "si hay reclutamiento entre los 15 y 18 años, es un crimen de guerra", era de esperarse que se comprometiera “a vigilar ante la JEP que delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean mirados caso por caso”.

PAE y medio ambiente

Otro asunto abordado por Carrillo es la vigilancia del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sobre lo cual ha dicho que debe convertirse en una política de Estado y ha propuesto establecer auditorías especializadas.

Las obligaciones ambientales de los funcionarios públicos han sido otro foco de Carrillo.

Por ejemplo, en agosto de este año manifestó que “el bloque de búsqueda contra la corrupción debe comenzar con las CAR, que están feriadas a la política regional más baja”; congruente con lo anterior, el mes pasado la Procuraduría les abrió indagación preliminar a siete Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Un tercer asunto al que Carrillo ha dedicado sus esfuerzos es a enfrentar la corrupción, en lo que ha sido clave la coordinación con la Contraloría y las Fiscalía, para que los procesos disciplinarios tengan consecuencias penales y fiscales.

Al suscribir un convenio de cooperación con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) manifestó que “vamos tras los bolsillos de los corruptos”, y en audiencia pública realizada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría insistió en la restitución al erario de los 11,1 millones de dólares que Odebrecht reconoció como sobornos entregados para lograr la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol.

Sobre este escándalo de corrupción, Carrillo expuso que en su despacho no han “bajado la guardia” y anticipó lo que luego se concretó en un proyecto de ley presentado con el Gobierno: “Estamos convencidos de que es necesario incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento legal y constitucional”.

Frente al escándalo del ‘Cartel de la Toga’, Carrillo se declaró en ‘shock’, anotando que “estábamos esperando que ya hubiéramos tocado fondo, pero parece que no. Parece que el tema se sigue agudizando”; agregando días después que “la majestad de la justicia nunca había sido tan mancillada” y que “la sociedad se siente impotente”.

Destitución de alcaldes y gobernadores

Contrario a lo que algún observador desprevenido hubiera podido determinar, Carrillo ha sido un firme defensor de la potestad de la Procuraduría de sancionar a alcaldes y gobernadores. Pensar en quitársela es, alegó, “inaudito e inaceptable y sería mutilar la función constitucional del organismo de control”.

Según el jefe del Ministerio Público cercenarle la actividad sancionatoria a la entidad, en el caso de quienes son electos popularmente, “es inoportuno en un momento en el que más que nunca los entes de control tienen que fortalecerse y no debilitarse, pues tienen que aumentar las sanciones y no disminuirlas”.

Y entre los entes territoriales en los que la Procuraduría tiene puesta la lupa desde hace rato (y a Carrillo no se le ha ocurrido quitarla) está Cartagena.

A los problemas recurrentes que han mantenido en interinidad la administración de la capital de Bolívar, se sumó durante estos meses de la gestión de Carrillo, las irregularidades detectadas tras la caída de un edificio en construcción que llevó a que el alcalde Manuel Duque fuera retirado del cargo.

Carrillo invitó al presidente Iván Duque a que tomara la lupa de la Procuraduría para revisar la terna de la que salió el actual burgomaestre encargado Pedrito Pereira, a quien el jefe del Ministerio Público prometió vigilar como a sus antecesores.

Y claro, está el asunto de la atención médica, respecto de lo que dijo: "La corrupción goza de buena salud en Colombia".

“La corrupción en el sistema de salud mata más colombianos que la propia guerra”, dijo, para luego asegurar que frente a la crisis que está viviendo el sector “hay mucho diagnóstico, pero pocas soluciones”.

Como se dijo al principio, las observaciones que Procuraduría, Fiscalía y Contraloría han hecho al proceso de venta de Cafesalud es capítulo aparte.

Carrillo ha dicho que en ese caso “lo que está en juego es el derecho a la salud de millones de colombianos”.

En ese orden de ideas, Carrillo ha reiterado insistentemente que el único proponente carecía de experiencia en materia de aseguramiento en salud y además, el proceso no reflejó una sana competencia ni la materialización de una puja económica que favoreciera financieramente los recursos del proceso de liquidación de Saludcoop y consecuentemente los del Sistema de Salud. El tiempo pareciera darle la razón.