LOS AUDIOS revelados en diversos medios de comunicación tienen en el ojo del huracán al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunto nexo con el caso de la Ungrd. El jefe de la cartera económica es otro de los funcionarios del gobierno Petro al que implicados en el caso de la desviación de dineros en la Unidad de Gestión del Riesgo ha salpicado, sembrando más incógnitas a su alrededor en relación a su continuidad frente a este ministerio.

María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, reveló a la Fiscalía que tanto el funcionario como el exministro del interior Luis Fernando Velasco y el asesor Jaime Ramírez Cobo estaban presionando para buscar la aprobación de siete líneas de crédito, de las cuales solamente fue aprobada una, para con ellos buscar, a través de sobornos y coimas, aprobaciones a diversas propuestas del Gobierno dentro de la Cámara y el Senado.

Los señalamientos y revelaciones han provocado un terremoto alrededor de Bonilla, quien previamente ha sido señalado por el desarrollo de sus funciones por parlamentarios e incluso propiamente ministros de la Administración Petro. Inicialmente, Helga María Rivas, jefa de Minvivienda, fue nombrada como ministra ad-hoc de Hacienda y de Agricultura, enfocada especialmente en las funciones de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Seguido a ello, la senadora Angélica Lozano pidió la salida de Bonilla del cargo de manera inmediata, pues la condición actual de la imagen de este ministerio es “inaceptable”. Lo mismo pidió Miguel Uribe del Centro Democrático, quien dijo que “el ministro de Hacienda, debe renunciar de manera inmediata. Su permanencia en el cargo pone en riesgo la investigación del escándalo de corrupción más grande, asqueroso, que hemos visto durante los últimos años y pone en riesgo la inversión y la confianza en la economía colombiana”.

Asimismo, David Luna también pidió la salida del jefe de cartera, aseverando que “cada día hay más pruebas que demuestran que la corrupción ha alcanzado las más altas esferas del Gobierno”. A pesar de esto, Bonilla aún cuenta con el respaldo del presidente Petro, quien asegura que “la labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas, debidos al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición”.

Renuncia de Karen Manrique

En el marco del mismo caso, la congresista Karen Manrique renunció a la Comisión de Crédito Público, luego de comparecer ante la Corte Suprema de Justicia. Manrique, representante de una curul de paz, guardó silencio ante el Alto Tribunal y tras su citación, salió de la Comisión en la que ya había generado ruido por la prolongación de su presencia en esta interparlamentaria.

Manrique fue vinculada al caso de la Ungrd por Olmedo López, exdirector de esta entidad, quien afirmó que la parlamentaria debía coordinar la desviación de 92.000 millones de pesos que iban destinados a la Costa Caribe. Asimismo, Wadith Manzur del Partido Conservador, también renunció a su cargo, y es señalado como uno de los beneficiados en el que, presuntamente, recibiría dinero para dar el favor de aprobación de los créditos a través de la entidad.

Liliana Esther Bitar, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz son otros de los señalados de esta Comisión y quienes tienen citación ante la Corte para declarar. Además, en el caso del senador Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, también llamado por el Alto Tribunal, un documento revelado por la prensa le señalaría de beneficiar a dos municipios de Risaralda, departamento del que es oriundo, para la concesión de contratos.

Según la representante a la Cámara Carolina Giraldo, los municipios Mistrató y Pueblo Rico recibirían dos puentes por un monto cercano a 10.000 millones de pesos. Y aunque Gallo en su momento dijo no “haber pisado nunca” estos sectores, la parlamentaria reveló evidencia de su presencia en actos públicos en Mistrató.

Desde Ricardo Bonilla y su defensa se sigue argumentando una persecución y tras los últimos señalamientos, el ministro pidió una reunión con la Fiscalía en la que pueda hacer una evaluación de los señalamientos en su contra y el estado de la investigación. El ente actualmente tendría algo más de 37 imputaciones referentes a este caso entre los que se encuentran ministros, exministros, parlamentarios, concejales, gobernadores, alcaldes, asesores y contratistas que habrían contribuido para el desfalco o se habrían visto beneficiados desde mediados de 2023.