Los próximos cuatro meses serán decisivos para la suerte jurídica y política, del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Especial de Instrucción definiera su situación jurídica en el caso de supuesta manipulación de testigos.
No se trata de un fallo en sí mismo, sino de la valoración que hizo la Sala de todo el material probatorio acumulado a lo largo de varios años y que, considera el alto Tribunal, es suficiente para continuar con el proceso penal que se le sigue al expresidente.
Uribe, considerado el líder político más importante del país en las últimas décadas, afronta un proceso judicial que, extrañamente, dio una vuelta de tuerca en febrero de 2018 cuando una denuncia suya de 2012 contra su homólogo del Polo Democrático, Iván Cepeda fue precluida en favor del dirigente de izquierda y, en cambio, la Corte decidió abrirle un proceso por presuntos soborno en actuación penal y fraude procesal, al expresidente.
Desde entonces, miles de folios componen el voluminoso expediente que contiene cientos de elementos entre testimonios, videos, audios y manuscritos en los cuales, a juicio de la defensa, “no existe una sola prueba” que incrimine al jefe del Centro Democrático con las conductas que le endilga el alto Tribunal.
Una de las paradojas de este proceso es que mientras la Corte decidió en un expediente de 220 folios precluir el proceso en favor del senador Cepeda, la providencia de la Sala de Instrucción solo para definir la situación jurídica de Uribe se tomó 1.554 páginas.
Por unanimidad de sus cinco magistrados -la Sala de Instrucción la componen seis magistrados pero la magistrada Cristina Lombana fue apartada del caso tras una recusación aceptada por sus compañeros-, Uribe fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva, en una decisión judicial que continúa siendo objeto de diversos análisis jurídicos y políticos.
Para muchos, se trata de una decisión exagerada, teniendo en cuenta la dignidad del procesado y la razón principal que argumentó la Corte.
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Al señalarlo de “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal” la Corporación consideró “con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.
Paradójicamente, Prada no fue cobijado con la misma medida restrictiva a pesar de estar vinculado al mismo proceso de su jefe político y estar inmerso en la misma realidad fáctica que argumenta la Corporación.
De cualquier modo, ya la medida de aseguramiento fue dictada y ejecutoriada, pues el expresidente se encuentra a disposición del Inpec en su finca El Ubérrimo, en Montería.
Su apoderado, el abogado penalista Jaime Granados Peña, se abstuvo de interponer el recurso de reposición a que tenía derecho, a cambio ha basado su estrategia en varias líneas de acción.
La primera, insistir en que el expediente “no existe una sola prueba” que demuestre, según dice, la responsabilidad de su cliente en las conductas que se le imputan.
De hecho, en los siete comunicados que ha expedido la defensa técnica en las últimas dos semanas se lamenta no solo de la “filtración ilegal” de fragmentos manipulados del expediente, sino de las contradicciones en que, afirma, ha incurrido la Corte frente a su defendido.
Al mismo tiempo, Granados ha insistido en la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas de la Corte a su poderdante, y la negativa de la Sala de Instrucción a llamar a declarar varios testigos clave que podrían beneficiar a su defendido.
Por ello, el penalista presentó una solicitud formal ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia en la que pide se levante la reserva del sumario para darle transparencia al proceso.
“La reserva sumarial existe en la legislación colombiana entre otras razones para proteger el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor” ha insistido el jurista. Hasta el momento, la Corte no se ha pronunciado sobre el tema.
Quien sí lo hizo fue Iván Cancino, apoderado del abogado Diego Cadena, uno de los investigados por la Fiscalía por presunta manipulación de testigos, y quien también se ha quejado de la filtración de piezas procesales y la manipulación que dice, han hecho algunos medios de comunicación de estos documentos.
“La reserva sumarial tiene una razón legal y constitucional que es específicamente proteger los testimonios de las personas, de los testigos, para que no puedan ser manipulados. Y no como está sucediendo hoy, que todos los testimonios de ese proceso ya están publicados. En las redes sociales circulan declaraciones de (Carlos Enrique) Vélez, (Juan Guillermo) Monsalve y quién lo creyera, hasta las conversaciones privadas de abogado-cliente y de periodista-fuente que tiene protección constitucional”, dijo Cancino.
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Las etapas del proceso
Definida la situación jurídica del senador y expresidente, lo que viene ahora es un término perentorio de 120 días contados a partir del momento de la notificación de la decisión para que la tanto la Sala de Instrucción como la defensa alleguen al expediente nuevas pruebas de importancia que puedan ser contrastadas por las partes.
Juristas consultados por EL NUEVO SIGLO explican que si la defensa logra conseguir nuevos elementos probatorios podría solicitar la libertad inmediata de su cliente.
Un magistrado de la Corte Suprema explicó que la defensa podría presentar un recurso de impugnación ante la misma Sala, posibilidad que ya se agotó en los términos de ley. La segunda es pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento, también ante la misma Sala que la dictó, pero con argumentos que tumben la necesidad de una medida de aseguramiento.
Y, en tercer lugar, mediante la solicitud de un control de legalidad frente a la Sala de Juzgamiento de primera instancia pero que debe ser revisado y resuelto por un juez superior, en este caso la Sala de Decisión Penal.
Lo otro es esperar a que venza el término de 120 días para que la Sala de Instrucción decida si lo absuelve o lo acusa ante la segunda instancia, la Sala de Decisión Penal, integrada también por seis magistrados pero distintos a los de primera instancia.
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De no darse la calificación del sumario, la defensa puede solicitar la libertad inmediata del Senador por vencimiento de términos.
Por disposición de acto legislativo 01 de 2018 que creó la segunda instancia para aforados constitucionales, también se ampliaron los recursos. Esto es: ante un llamamiento a juicio la defensa puede interponer un recurso de nulidad, en este caso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que actúa como superior jerárquico de la Sala de Decisión Penal de segunda instancia.
Esto, por cuanto la reforma constitucional de 2018 reformó las competencias al interior de la Corte Suprema. Antes, la Sala Penal de la Corporación investigaba, calificaba, juzgaba y condenaba. Hoy la función de la Sala Plena es más administrativa, y la Sala Penal dejó, salvo la revisión de recursos de alzada, las funciones de instrucción en la Sala Especial de primera instancia, y la de juzgamiento en la Sala Penal de segunda instancia.
Sin embargo, aún faltan muchas etapas antes de que el caso del expresidente Uribe pudiera llegar a esas fases. Primero se debe esperar el cierre de la investigación, momento en el cual ya no hay posibilidad de decretar nuevas pruebas.
“Ahí es donde la Sala entra a decidir con base en todo el material probatorio si absuelve o precluye en favor del senador Uribe, o lo llama a juicio. En esta última etapa el proceso entra en la confrontación de pruebas para que el pleno de la Sala de Decisión Penal condene o absuelva”, le explicó a EL NUEVO SIGLO un expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Insistir, insistir
Ante lo que llama la defensa del senador Uribe “evidente contradicción” de algunos testigos, y la renuencia de la Corte a tomar el testimonio a otros, el abogado Granados plantea seguir insistiendo no solo en la publicidad del expediente completo, sino en sus peticiones a que la Sala de Instrucción también sopese algunas pruebas técnicas en favor de su cliente.
Por ejemplo, ha pedido que no se tengan en cuenta las “chuzadas ilegales” que la propia Corte reconoció que hizo, pero después validó como pruebas dentro del expediente.
Así mismo, pedirá nuevamente que se llame a declarar al narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, el ‘Tuso’, quien fuera extraditado a Estados Unidos en 2008 durante el gobierno de Uribe Vélez, y quien esta semana rompió su silencio para advertir que “no conoce personalmente” al expresidente. Esto, porque en la providencia contra el procesado la Corte advierte que Sierra fue “contactado personalmente” por el senador del Centro Democrático.
Pero, además, Granados pedirá la práctica de otros testimonios de paramilitares que han cambiado su versión en varios procesos y que hoy pretenden inculparlo, así como de los dos testigos principales: Juan Carlos Vélez, alias ‘Víctor’, y Juan Guillermo Monsalve.
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Solidaridad política
Aunque la defensa no lo ha definido aún, desde distintos sectores cercanos al uribismo se ha insistido en la necesidad de llevar el caso del Senador y expresidente a instancias internacionales.
A la espontaneidad de miles de colombianos que han salido a las calles de diferentes ciudades a protestar por la “detención injusta” del exmandatario con pancartas, plantones y cacerolazos, se suman las manifestaciones de solidaridad en el Congreso y hasta la carta de apoyo de 21 expresidentes latinoamericanos reclamando que Uribe pueda defenderse en libertad.
De momento, Uribe todavía aparece como Senador activo pues aunque la Corte ya notificó a la Secretaría del Senado de la medida de aseguramiento, por un tecnicismo la mesa directiva no ha abordado oficialmente su suspensión.
Se tiene previsto que lo haga la semana entrante, pero no se descarta que el propio Senador pudiera o pedir una licencia para atender su proceso jurídico, o que renuncie.
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En cualquier caso, su reemplazo será la exdiputada de Cundinamarca, Yenny Rozo.
Por ahora es incierto el camino que pueda tomar la colectividad, teniendo en cuenta que su principal pivote ideológico y su mayor elector no tendrá, al menos por ahora, el mismo margen de maniobra como hasta hace un par de semanas.