La Administración Duque espera cerrar este año con 80.000 hectáreas erradicadas y así cumplir los objetivos que se fijó con Estados Unidos

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La primera gran prueba de fuego que se impuso el gobierno Duque contra los cultivos ilícitos este año en materia de erradicación se cumpliría pues a la fecha van 64.000 hectáreas de coca y la meta son 80.000.

También destacó que hay incrementos importantes en decomisos y destrucción de infraestructura para la producción de cocaína. El prometedor panorama se completa para la Casa de Nariño con la certificación que Estados Unidos dio a Colombia en agosto pasado en su lucha antidrogas.

De igual forma hay que incluir en este saldo favorable que en junio pasado la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca en su informe anual reveló que por primera vez desde 2012 se frenó el crecimiento de los cultivos de coca en el país.

El informe señaló que los cultivos, en 2018, experimentaron una disminución leve de 209.000 hectáreas registradas en 2017 a 208.000 hectáreas el año anterior. Además, la producción de cocaína pura también experimentó un descenso: de 900 toneladas métricas bajó a 887.

También entra en este balance que en agosto pasado el informe de monitoreo de cultivos ilícitos de 2018 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), organismo que a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) apoya la identificación de cultivos de coca en el país desde 1999 y ha producido 20 censos anuales basados en el análisis de imágenes de satélite, indicó que en Colombia el área identificada de cultivos de coca a diciembre 31 de 2018 fue de 169.000 hectáreas. Esto representa una reducción del 1,2% respecto a 2017, año en el cual se identificaron 171.000 hectáreas y se alcanzó el máximo histórico en cuanto a cultivos ilícitos.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que a la fecha se han erradicado 64.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y la meta al cierre de 2019 son 80.000 hectáreas.

El Ministro destacó que, a partir de la construcción de la Política de Seguridad y Defensa, se establecieron las estrategias para disminuir el narcotráfico de manera significativa y el primer paso fue la erradicación de una cantidad importante de hectáreas de cultivos ilícitos.

“Tuvimos un aumento del 62% en el promedio de hectáreas erradicadas al día, pasando de 143 a 232; 1.113 hectáreas erradicadas en parques nacionales; un incremento del 4% en coca decomisada, 77% en incautación de base de coca y 48% en destrucción de infraestructura; 20 semisumergibles incautados; disminución del 3% en homicidio, y caída del 19% en lesiones personales y una reducción en el hurto a residencias, automóviles y motocicletas”, destacó.

Al hacer una radiografía para establecer el problema que existe en Colombia frente al conflicto armado y el narcotráfico, Botero señaló que se determinó que el problema radica en las rentas lícitas y el componente ambiental que tiene un alto impacto. La estrategia para enfrentar esta situación, se ha enfocado en la erradicación.

El gobierno Duque se encontró con un oscuro panorama en cuanto a cultivos ilícitos pues crecieron en la administración Santos hasta las 209.000 hectáreas de coca, según las cifras de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.

Santos en su momento consideró que el crecimiento en los cultivos no se explica por la decisión que adoptó en 2015 de suspender las fumigaciones aérea con glifosato, atendiendo razones de precaución porque por esos días un informe de una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre eventuales consecuencias del glifosato en la salud humana e incidencia en cierto tipos de cáncer, sino porque muchos campesinos decidieron sembrar para beneficiarse con los subsidios que su gobierno estableció para promover la sustitución voluntaria.

Glifosato

A pesar de los avances que está logrando el gobierno Duque en erradicación Colombia se mantiene como el mayor productor de coca en el mundo, por lo que el Jefe de Estado insiste en la necesidad de reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato. Por ello lo planteó así a la Corte Constitucional en marzo pasado, frente a las seis condiciones que ésta fijó en la sentencia T-236 de 2017 para poder a volver a fumigar desde el aire.

En julio pasado el alto Tribunal respondió a la solicitud del Gobierno, abriendo una ventana de esperanza en su intención de volver a fumigar desde el aire los cultivos ilícitos, pues al precisar los alcances de la sentencia T-236 de 2017 dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión de reanudar la aspersión aérea.

La Corte aclaró sobre el requisito que a juicio del Gobierno es el más difícil de cumplir que “no equivale a demostrar por una parte que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.

El presidente Duque ha señalado que en el territorio nacional hay algunos lugares en los que existen cultivos de coca industrializados al servicio de grupos criminales y de carteles mexicanos, donde hay campos minados y presencia de francotiradores dispuestos a atacar a los erradicadores.

“En esos lugares debemos tener la capacidad de utilizar todas las herramientas, porque no solo sería una gran injusticia, sino una tragedia tener que someter a que personas se expongan a perder la vida en un campo minado, porque simplemente nos rehusamos a utilizar una herramienta que, utilizándola con responsabilidad y precisión, puede ser efectiva para enfrentar esa situación”, dijo.

Anunció que con el Consejo Nacional de Estupefacientes se hará una evaluación lo más pronto posible “para tener todas las herramientas a disposición del Estado”, pero fue enfático en que se seguirán con rigor los lineamientos expresados por la Corte Constitucional en su más reciente sentencia sobre ese particular.