Colombia redobla esfuerzos contra dictadura venezolana | El Nuevo Siglo
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Lunes, 9 de Diciembre de 2019
Redacción Web

El presidente Iván Duque propuso que se endurezcan las medidas contra el régimen de Maduro en los 15 países donde tiene vigencia el TIAR

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Endurecer las medidas en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro con la extinción de dominio de sus bienes pidió el presidente Iván Duque.

De acuerdo con el Mandatario, estas medidas se deberían implantar en los 15 países en donde tiene vigencia de acción el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). “Necesitamos imponer más sanciones y mayores facultades para extinguir el dominio a esos bienes producto del hurto continuado al patrimonio del pueblo venezolano, que tengamos una voz inequívoca de denuncia ante todos esos hechos y que esas herramientas tengan mayor efectividad”, expresó.

Para Duque “se requiere mayor articulación y coordinación de otros países para aplicar sanciones para aquellos a quienes pertenecen a esos grupos de poder, cercanos al dictador, que están desafiando al pueblo venezolano. Necesitamos imponer sanciones económicas a esos grupos cercanos a la dictadura”.

Durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores pertenecientes al TIAR, realizada la semana pasada en Bogotá, se adoptó una resolución en la que se implementarán los mandatos contenidos en la resolución avalada por este órgano el pasado 23 de septiembre en Nueva York.

En este contexto, Julio Borges, canciller del autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, dijo que los 16 ministros asistentes al encuentro del TIAR aprobaron diferentes sanciones contra 29 funcionarios de Nicolás Maduro.

Entre ellos se encuentran el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el canciller del gobierno venezolano, Jorge Arreaza; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; el vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami; y la esposa de Maduro, Cilia Flores, además de otros importantes referentes del chavismo.

Borges añadió que también se están adelantando investigaciones de hecho contra unas 700 personas pertenecientes al oficialismo venezolano. “Lo que es novedoso e importante es que las sanciones que se están tomando no tiene que ver solamente con el hecho de la congelación de los activos, sino también en relación a la prohibición migratoria (para los 29 funcionarios)”.

“Las personas sancionadas se les prohíbe e impide el hecho de que ellos puedan circular libremente por territorios de la región”, explicó Borges.

“Frente a estas personas, se han decidido activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios, de acuerdo con las legislaciones nacionales y los mecanismos existentes de cooperación en materia de inteligencia financiera, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la resolución del 23 de septiembre”, agregó Claudia Blum.

Adicionalmente, dijo, en la nueva resolución se solicitó a la llamada red operacional del TIAR que defina, de conformidad con las legislaciones nacionales, “los parámetros y condiciones para las futuras inclusiones y eventuales retiros de personas y entidades de la lista consolidada”.

“También, se ha solicitado a la red operacional del TIAR que evalúe la factibilidad de implementar mecanismos de intercambio de información, buenas prácticas en materia de cooperación y procedimientos sancionatorios con autoridades técnicas de Estados que no son parte del TIAR, y que han tomado medidas sancionatorias contra e régimen de Maduro y su entorno. Esa evaluación debe servir para que se eleve una propuesta al Órgano de Consulta”, concluyó la jefa de la diplomacia colombiana.

Entre tanto, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, rechazó las medidas adoptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó, las cuales, según el Ejecutivo colombiano, “están en contradicción de los principios de objetividad e independencia”.

Finalmente, la Canciller Blum pidió que se renueve la instrucción a los representantes permanentes ante la OEA para que continúen haciendo seguimiento a la crisis en Venezuela y evalúen la formulación de recomendaciones adicionales al Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del TIAR.

Blum convocó a una próxima reunión en el primer trimestre de 2020, en el marco de la Trigésima Reunión de Consulta que se mantiene abierta.

Proyecto

La creación de un listado con los nombres de los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que tengan algún tipo de propiedad en Colombia, y la congelación de sus activos contempla un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de la República.

La iniciativa, de autoría de un grupo de congresistas del partido Cambio Radical, fue aprobada en su primer debate el pasado mes de marzo y se encuentra en el orden de proyectos para ser discutidos próximamente en la plenaria del Senado de la República.

El texto que será puesto a consideración de la plenaria de la cámara alta señala que los integrantes de la lista tendrán los siguientes criterios: ser alto funcionario del gobierno venezolano, ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, ser miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas y ser representante legal de empresas vinculadas el régimen.

Para la conformación de la lista, señala la ponencia, se tendrán en cuenta, además, “indicios de participación en actividades de lavado de activos, la violación del orden constitucional y del ordenamiento jurídico, el desarrollo de actividades delictivas como financiación del terrorismo, narcotráfico y corrupción, entre otros”.

Adicionalmente, los bienes de las personas de la lista que sean condenadas en procesos judiciales relacionados con delitos de narcotráfico o lavado de activos podrán ser trasladados a un fondo con el fin de prestar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos.

El proyecto también contempla que el Gobierno nacional deberá establecer un régimen migratorio especial para miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, “para garantizar su libre tránsito y permanencia en nuestro territorio, eximiéndolos de los requisitos generales de regulación tales como la presentación de pasaportes”.