A pesar de que la nueva Comisión de Acusación de la Cámara desde hace varios días fue integrada por parlamentarios de diferentes partidos y que ya fue electa su mesa directiva, aún no se reactiva la investigación que esta célula legislativa del anterior Congreso abrió el 26 de octubre de 2017 al exmagistrado Leonidas Bustos por su presunta participación en el llamado ‘Cartel de la Toga’, que se habría registrado hace un tiempo en la Corte Suprema de Justicia para la supuesta venta de fallos.

Este proceso está parado porque falta definir una recusación que el jurista presentó contra el representante Edward David Rodríguez.

Precisamente el parlamentario Rodríguez consultado por EL NUEVO SIGLO dijo sobre el particular que “eso está en un tema de recusación, tiene que resolverlo la Comisión, pero como tiene que hacer un nuevo reparto entonces estamos esperándolo”.

El Parlamentario del partido Centro Democrático dijo que depende de si la mesa directiva de la Comisión determina que siga o no como representante investigador en el caso de Leonidas Bustos. “Se puede seguir o se puede cambiar, depende de la mesa directiva”.

Si bien la pasada Comisión de Investigación de la Cámara alcanzó definiciones en el caso del escándalo de corrupción que se presentó en la Corte Suprema, acusando ante el Senado al magistrado Gustavo Malo; no se puede decir lo mismo en lo que tiene que ver con el exmagistrado Leonidas Bustos, pues el número de pruebas solicitadas por su defensa y las recusaciones contra algunos parlamentarios de esta célula legislativa terminaron por dilatar el proceso.

Bustos es investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara por supuestamente hacer parte de una asociación que se habría dado entre 2013 y 2016 entre magistrados, exmagistrados y abogados para vender fallos en la Corte Suprema a favor de parlamentarios y otros políticos, a cambio de fuertes sumas de dinero.

No obstante, Bustos aseguró que no ha participado en ningún hecho criminal y que miente en su caso el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Moreno.

Por este escándalo la Cámara también abrió investigación al magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo; mientras que este alto Tribunal hizo lo propio con los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, así como a la exrepresentante Argenis Velásquez y a el representante Nilton Córdoba, entre otros.

En mayo pasado el pleno de la Cámara de Representantes aprobó la acusación proferida por la Comisión de Investigación de dicha corporación en contra del magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo. Los representantes investigadores Edward David Rodríguez y Fabio Arroyave presentaron el informe de acusación a través del cual se le imputan a Malo Fernández cinco delitos: concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

De acuerdo con los representantes investigadores, Malo incurrió en esta serie de delitos al "hacer parte de una empresa criminal que claramente tenía cada una de sus tareas definidas. Malo era quien tenía la mejor posición para favorecer ilegalmente a estos aforados (que hace referencia a los ex senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton) en los procesos que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Existió el pago de 2.600 millones de pesos por dos procesos, por el de Álvaro Ashton 600 millones de pesos y por el de Musa Besaile 2.000 millones de pesos".

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Antecedentes

A mediados de 2017 la Fiscalía abrió una investigación por el ‘Cartel de la Toga’ y compulsó copias a la Corte Suprema con base a la información que le hizo llegar el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre unas grabaciones que, de manera oculta, realizó la DEA a conversaciones que sostuvieron el prófugo exgobernador Alejandro Lyons con Luis Moreno, y su socio, el también abogado Leonardo Pinilla.

En los audios se escucha a Moreno y a Pinilla pedir a Lyons la suma de 500 millones de pesos supuestamente para frenar las investigaciones en su contra en la Corte Suprema por hechos de corrupción durante su mandato en Córdoba.

Moreno y Pinilla le dicen a Lyons que tienen amigos en la Corte y en la Fiscalía para frenar y torcer fallos de procesos. En ese sentido mencionan los nombres de magistrados, exmagistrados, abogados, así como parlamentarios y exparlamentarios que se habrían beneficiado con estos fallos amañados. 

Como consecuencia y en su competencia, a mediados de agosto de 2017 la Comisión de Acusación de la Cámara abrió indagación preliminar a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, así como al magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo.

No obstante en lo que corresponde a Ricaurte el caso fue asumido por la Fiscalía porque ya no era magistrado cuando se produjeron los hechos que según la Fiscalía hoy lo comprometen. En septiembre pasado fue privado de su libertad, imputado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.