La Procuraduría General de la Nación avanza en el proceso de reconocimiento de la Comuna 13 de Medellín como sujeto de reparación colectivo urbano, por ello el Ministerio Público recibió la declaración de los representantes de la comunidad para concretar los hechos victimizantes sufridos. 

Un procurador judicial de la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, junto con funcionarios de la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, recibieron en el Cementerio de San Javier, en la capital de Antioquia, los testimonios de las personas que acudieron en representación de todos los miembros de la Comuna 13. 

Dicha diligencia es requisito indispensable para iniciar el trámite administrativo para que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) incluya a la Comuna 13 en el Registro Único Nacional de Víctimas, y de esta forma, esa comunidad acceda a los beneficios de reparación establecidos en la ley por los daños colectivos sufridos. 

Con el inicio del trámite administrativo, la Comuna 13 se convertirá, una vez finalice todo el proceso, en la primera colectividad urbana en ser reconocida como víctima, pues las peticiones y procesos anteriores se habían realizado sobre comunidades rurales.

La Procuraduría ha liderado este proceso de reconocimiento, que incluyó la presentación, el 9 de abril pasado, de un completo informe donde se describieron las principales consecuencias del conflicto en dicho territorio, con énfasis en los hechos cometidos por el Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, así como las medidas que la comunidad ha señalado como indispensables para su reparación. 

En ese informe, presentado por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, a la jurisdicción de Justicia y Paz y a la UARIV, entre otras autoridades, se consignó la afectación a los derechos colectivos de los habitantes de la comuna, pues más allá de los daños individuales que produjo el conflicto también se afectaron sus derechos en temas como el acceso a la salud y la educación, la fragmentación social del territorio, los modos de vida y las prácticas colectivas. 

Solo al Bloque Cacique Nutibara se le atribuyeron en ese documento, según sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín,  9.194 delitos, de ellos 553 por desaparición forzada, 224 desplazamientos y 8.073 homicidios, dato que de todas formas es aproximado porque no incluye casos de hurto y otros delitos comunes cometidos por sus miembros, que han sido confesados por ellos o se desprenden de sus versiones y las declaraciones de las víctimas ante los magistrados de esa justicia transicional. 

En esa presentación, la Procuradora General recordó a los asistentes que su propósito al frente de la entidad siempre ha sido el de “abrir puertas para contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

La declaración rendida por los representantes de la Comuna 13 será remitida a la UARIV, para dar inicio a la ruta administrativa respectiva tendiente a su reconocimiento como sujeto de reparación colectiva.