Un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de $1.9 billones, descubrió la Fiscalía.

“La minería ilegal en Colombia se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico”, indicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.

En hallazgo del esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014, se dio en desarrollo de la operación ‘Leyenda del Dorado-Fase I’.

Según el ente acusador, la comercializadora CI Metales recurría a diversas maniobras para hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos, que superaron los $1.9 billones.

En el rastreo de esta cadena, la Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, y era comprado por distintos clientes. 18 de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, se constató que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas.

Se comprobó que la comercializadora, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas. Tan así, que Guainía pasó a ser un departamento productor de oro que aporta el 0,71% del metal sin ser una zona aurífera.

Las operaciones ficticias detectadas por la Fiscalía también involucran a personas fallecidas con quienes la comercializadora supuestamente hizo compras de oro por 68 mil dólares, más de $200 millones.

En el proceso hay evidencia de la presunta participación de proveedores judicializados con anterioridad, que tendrían nexos ilícitos con la comercializadora CI Metales y habrían dado apariencia de legalidad a cerca de US$150 millones.