La Sala Plena del Consejo de Estado emitió un fallo que ratifica la facultad sancionadora de la Procuraduría General de la Nación sobre funcionarios de elección popular, como alcaldes, gobernadores y congresistas, pero dejó claro que estas decisiones estarán sujetas a una revisión automática por parte de la misma corporación para garantizar el principio de doble conformidad.
Este pronunciamiento, con carácter transitorio, se fundamenta en lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023.
Milton Cháves, presidente del Consejo de Estado, explicó que esta medida busca garantizar estándares internacionales en la protección de derechos políticos y electorales.
"El control que va a hacer el Consejo de Estado de las sanciones de la Procuraduría va a cobijar, además de los elegidos popularmente que están en ejercicio del cargo, también las sanciones de los que son elegidos popularmente y que están fuera del cargo. Se garantiza el principio de doble conformidad, estas personas que tienen este régimen especial, van a tener la posibilidad de que se revise esa decisión que se tome en primera instancia”, señaló.
El fallo también aborda la necesidad de que el Congreso legisle sobre un estatuto que delimite claramente el régimen disciplinario para funcionarios de elección popular. La decisión, respaldada por 16 de los 24 consejeros presentes, recibió cuatro salvamentos de voto.
En cuanto al trasfondo político, el fallo revive el debate sobre la autonomía de la Procuraduría frente a los derechos políticos. Cabe recordar el caso “Petro Urrego vs. Colombia”, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las sanciones contra funcionarios de elección popular deben ser competencia de una alta corte y no de un ente administrativo como la Procuraduría.
Sin embargo, esta determinación del Consejo de Estado busca equilibrar los principios constitucionales con las directrices internacionales. Aunque la medida es transitoria, su impacto inmediato recae sobre la función sancionadora del Ministerio Público y su interacción con el sistema judicial.
Este debate no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas, dado el constante cuestionamiento del presidente Gustavo Petro sobre el rol de la Procuraduría. El mandatario ha calificado al ente como un "fortín político" y criticado su capacidad para inhabilitar a opositores.
El siguiente paso recae en el Congreso de la República, que deberá definir el marco legal definitivo sobre esta materia, cumpliendo así con el mandato de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.