Director de Indepaz alertó que con esta estrategia podrían arrojar a 400.000 familias a manos del narcotráfico

EL NUEVO SIGLO: ¿A qué atribuye que se disparara la violencia en el Cauca en comparación con lo que se vivió durante la negociación del acuerdo de paz e incluso un tiempo después?

CAMILO GONZÁLEZ POSSO: Han confluido varias cosas, por un lado grupos que se han querido apoderar de las rentas y negocios que abandonaron las Farc alrededor de la marihuana y el tráfico de cocaína, sobre todo en el norte y el occidente del Cauca, que chocan con la organización de comunidades indígenas y de otras comunidades étnicas que hacen control del territorio.

Es decir, que les han dicho que no aceptan laboratorios ni secuestrados en sus zonas. Entonces esto ha motivado una reacción violenta para tratar de imponer por el terror y controlar toda esa zona. Creo que eso es lo que se está manifestando de forma más feroz, aunque hay otros conflictos en temas del oro, de tierras, muchos otros conflictos.

ENS: ¿Ha sido apropiada la respuesta que ha dado el Gobierno nacional al recrudecimiento de la violencia en este departamento?

CGP: Indican todos los hechos que es insuficiente porque no han logrado parar toda esta escalada de asesinatos de indígenas y de población en general que en el Cauca va más de 190 desde que se firmó el acuerdo de paz, y una parte importante en lo que va de este Gobierno.

Entonces las medidas son insuficientes, creo que se tendría que revisar no solamente la estrategia de acompañamiento militar sino el propio enfoque, hacia donde dirigen esa presencia tan importante y numerosa que hay de efectivos de cuatro brigadas y miembros de la policía.

ENS: A raíz de los hechos violentos en los últimos días el presidente Duque pidió acelerar el plan de inversión social para el Cauca, ¿qué opina de esta decisión?

CGP: Creo que esa es la ruta, la ruta de la inversión social de lo que han llamado un plan social para el Cauca, lo importante es que eso sea dialogado con la gente, que sea también concertado con las comunidades y que se incluyan puntos que aún no ha mencionado el Gobierno y que son los centrales: no mencionó un gran plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, y resulta que allí está gran parte del problema: 30.000 hectáreas de hoja de coca y cerca de 4.000 hectáreas de marihuana que están en el centro de las disputas.

Campesinos e indígenas están diciendo ‘queremos salir, necesitamos salir de las trampas de esos cultivos y de todos los circuitos del narcotráfico’.

ENS: La sustitución voluntaria ha quedado en un segundo plano, ¿ello podría generar otro Cauca incendiado en regiones como el Pacífico nariñense y el Catatumbo?

CGP: No exactamente porque el nivel de organización indígena y social es diferente, pero sí muchos conflictos parecidos si se acude a una estrategia de erradicación forzada y no se llega a acuerdos con las comunidades indígenas, las comunidades negras y campesinas para hacer procesos que ya han demostrado estudios y realidades que son mucho más efectivos.

Los procesos concertados de sustitución permitieron más de 50.000 hectáreas erradicadas en un año con 0,6% de resiembra según Naciones Unidas y a unos costos más bajos que la erradicación forzada manual, y mucho más bajos de lo que sería una erradicación aérea con glifosato.

Entonces esa erradicación forzada sobre digamos 200.000 hectáreas que están con cultivos de coca significa impactar 400.000 familias que son arrojadas al hambre y que van a ir a las manos del narcotráfico que es el que les ofrece recursos inmediatos para que se vayan a sembrar en otra parte.

ENS: El Gobierno asegura que la autonomía indígena en sus territorios frena en el Cauca el accionar de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales…

CGP: La autonomía y la jurisdicción indígena es algo que viene de tiempo atrás y que es parte de la Constitución, y tienen unos derechos consagrados a tener soberanía sobre su territorio sin que eso implique que son extraterritoriales o un Estado paralelo.

Por ejemplo en el Cauca el territorio de los resguardo significa el 20% del territorio y son resguardos que están llenos de carreteras y de caminos por los que transita el Ejército. En nueve de esos resguardos hay bases militares, en todas las cabeceras municipales de mayoría indígena hay policía.