Que al profesional de derecho no se le exija para poder ingresar a trabajar la judicatura es lo que pretende un proyecto de ley de la representante por Nariño, Teresa Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Según la legisladora, existe la necesidad de modificar el régimen de contratación estatal y la ley de carrera administrativa que aplica en el sector público colombiano, “que se ha olvidado de los jóvenes profesionales, quienes al salir de las facultades salen con el título profesional, con la tarjeta profesional, pero no cumplen con ese requisito que se exige, como es el de la experiencia”.

Señaló la congresista que la iniciativa va encaminada a que se reconozca legalmente como experiencia laboral la práctica empresarial que se tiene que realizar en diferentes carreras a fin de optar el título profesional.

Expresó que de esa manera se estaría impulsando a los jóvenes profesionales para que se preparen y sigan su etapa laboral. “Es el común denominador de los jóvenes que no puedan ingresar al sector público por falta del requisito que es legal y está establecido en las dos legislaciones”.

Otro proyecto

De la misma manera se presentó en días pasados por parte del representante por el Huila, Julio César Triana, de Cambio Radical, un proyecto que va para todos los profesionales, y busca garantizarle acceso al mercado laboral a los jóvenes entre 18 y 28 años.

El proyecto de ley de acceso al mercado laboral para los jóvenes tiene como propósito fortalecer su ingreso al trabajo, garantizando el 20% de nuevos empleos sin el requisito de la experiencia en la planta de personal. Los promedios académicos, trabajos de grado laureados y los proyectos estudiantiles reconocidos en publicaciones internacionales serán mecanismos de homologación de experiencia laboral.

Se crearán incentivos como la reducción del 50% de contribuciones en seguridad social a las empresas que contraten jóvenes sin experiencia profesional para ejercer su primer empleo y a las que demuestren que al menos el 10% de su nómina está integrada por esta población. Asimismo, las organizaciones que contraten con el Estado una obra pública con valor superior a 100 salarios mínimos mensuales vigentes deberán garantizar que al menos el 10% de su nómina esté compuesta por jóvenes sin experiencia laboral.

Algunos datos

Citando datos de DANE, a 2018 hay 12.768.157 jóvenes (entre 18 y 28 años) que representan el 27% de la población, de los cuales 3.400.000 no tienen empleo. Triana, calificó como preocupante la radiografía del desempleo juvenil en el país, señalando que la cifra contrasta con la especial protección que debe tener el Estado con el trabajo como derecho y obligación social, al tenor del Artículo 54 de la Constitución Política de Colombia de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad para hacerlo, como lo promueve la presente iniciativa legislativa.

Según el representante por el Huila, las estadísticas del DANE dan cuenta de que entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la cifra de población joven económicamente inactiva fue del 42,1%. En el trimestre diciembre 2016 - febrero 2017, cayendo al 41,4%. Por ello, es pertinente y conveniente crear mecanismos que fracturen las barreras de acceso al mercado laboral en los jóvenes.