El Consejo de Estado, por medio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió una demanda del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, contra la Resolución 1729 del 26 de mayo de 2023, por medio de la cual se aplica el cobro de la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte en el Proyecto de Infraestructura Vial Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad.
Este pago tendrían que hacerlo predios ubicados en la Vía del Mar, carretera que conecta a Cartagena con Barranquilla, y barrios y sectores en Cartagena. Turbay Paz busca con su acción de nulidad simple contra el Instituto Nacional de Vías que se tumbe la medida. Además, el alcalde solicitó que se suspenda provisionalmente mientras el Consejo de Estado dirime la demanda.
La demanda del alcalde Dumek Turbay fue presentada el pasado 22 de noviembre y ahora cuenta con el magistrado Wilson Ramos Girón como consejero ponente.
El Consejo de Estado ya notificó al Invías y a la Procuraduría General de la Nación. El Invías ahora tendrá que aportar todos los antecedentes administrativos que dieron origen al cobro de valorización.
Por otro lado, el Tribunal Supremo informará a la comunidad la existencia de este proceso, de conformidad con el artículo 171-5 del CPACA, mediante publicación del auto admisorio en el sitio web del Consejo. También convocarán para el estudio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y al Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Estos dos cuerpos jurídicos presentarán conceptos escritos sobre la nulidad de la resolución.
Por último, el Consejo de Estado también revisará todas las demandas presentadas contra la legalidad de la Resolución No. 1729 de 26 de mayo de 2023, como las del senador Mauricio Gómez, el exministro Wilson Ruiz y las de gremios de la región.
La afectación del cobro
El cobro de valorización, anunciado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), afectaría a 143.000 predios en 10 municipios de Bolívar y Atlántico, según el Ministerio de Transporte; lo que ha generado gran controversia en los hogares que pagarían el gravamen, y que medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como socializaciones, censos prediales y facilidades de pago, no han tranquilizado a la ciudadanía y a gremios como Camacol, pues golpearía gravemente a las inversiones en construcción y alzaría precios de viviendas.
El impacto del cobro de valorización podría ascender a 2.4 billones de pesos, cifra que supera la inversión regional asignada en el presupuesto para el Atlántico y el recaudo de renta anual de la DIAN en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Cabe recordar que recientemente Dumek Turbay coadyuvó la demanda del senador Gómez ante la Corte Constitucional, con la que buscan tumbar el cobro al cuestionar su constitucionalidad, pues, según sus posturas, afectan principios fundamentales, como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia, contenidos en los artículos 83, 158 y 363 de la Constitución Política de Colombia.
En esa demanda, los coadyuvantes también solicitaron la suspensión provisional de la norma, argumentando que su implementación podría impactar de manera negativa a los ciudadanos de una decena de municipios. Con dicha admisión de la demanda, la Corte Constitucional abrió la puerta a un análisis detallado de estos temas, así como a la participación de otros actores sociales, académicos y jurídicos en el proceso. Y ahora, el Consejo de Estado entró al pleito debido a la demanda presentada por Dumek Turbay.
¿Quiénes tendrán que pagar en Cartagena?
El Invías determinó una zona de influencia de predios beneficiados por la construcción de la Vía del Mar. El área, de 96.311 hectáreas, comprende 10 municipios: dos de Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho del Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará). En total se identificaron 248.656 predios.
Con respecto a Cartagena, se estableció una zona de influencia de 24.128 hectáreas, así:
“Por el sur y el occidente con el mar Caribe en el sector de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Por el oriente aproximadamente 0,9 kilómetros por la diagonal 22 hasta encontrar la avenida Pedro de Heredia. Continúa su extensión por la mencionada avenida hasta el Paseo Bolívar, vía con la cual continúa la delimitación hasta encontrar la avenida Santander. La delimitación por el oriente continúa por el mar Caribe adentrándose hasta encontrar el municipio de Santa Catalina”.
En esta zona se identificaron un total de 66.303 predios, de los cuales 51.200 son habitacionales, 10.226 son comerciales y 2.156 son agrícolas. Estas tres categorías conforman el 95% del total.