Como la segunda pregunta de la Consulta Anticorrupción incluía darle al Estado la facultad de dar por terminados los contratos con las personas jurídicas de las que hagan parte los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado, la primera pregunta que salta a la mente es ¿qué implica el resultado del domingo para el caso Odebrecht?

Para los expertos en el tema, desafortunadamente, no habría ninguna implicación directa, ya que aunque se hubiera aprobado, las leyes que se expedirían no podrían ser retroactivas; pero además la consulta no pasó el umbral y por lo tanto el resultado no tiene carácter vinculante.

Para el exfiscal Luis Camilo Osorio la consulta no se aprobó, al tiempo que expresó que para los temas de ley no se necesita consulta alguna.

“Eso es simplemente encontrar cuáles son los responsables de los graves delitos de corrupción y aplicar el Código Penal. Eso no necesita ninguna consulta, que además no tiene ninguna relevancia jurídica”, sostuvo.

Tampoco encontró ninguna implicación el exfiscal Alfonso Valdivieso, porque como “no quedaron aprobadas, no hay la obligación de que el Congreso lo apruebe o sino el Presidente debe convertirlo en norma. Eso no va a suceder”.

Sin embargo, dado el apoyo que tuvo, Valdivieso consideró que la iniciativa pone en entredicho a las personas que están comprometidos en casos de corrupción, como el caso de Odebrecht.

“Lo que sí creo es que es un tema de mayor presión y de alguna manera mayor exigencia para la justicia en general, incluida la Fiscalía”, anotó.

El también exfiscal Mario Iguarán coincidió en que no tiene ninguna implicación, porque la idea de la consulta es que se traduzca en leyes.

“Es un mandato popular que no tiene ninguna fuerza coercitiva desde el punto de vista legal, porque no alcanzó el umbral. Pero de todas maneras ese mandato popular puede convertirse en leyes que no pueden ser retroactivas”, explicó.

Un mensaje claro

Entre tanto, el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, expresó que “el mensaje que le envía la ciudadanía a las autoridades, en el sentido de que es necesario combatir la corrupción de manera frontal y enérgica, es evidente. Y en esa medida todas aquellas investigaciones que están en curso, pero que por una circunstancia u otras han sido dilatadas, tienen que resolverse de manera expedita logrando esclarecer los hechos pendientes y dando con los responsables e imponiendo las sanciones”.

Para la analista en temas de transparencia Elisabeth Ungar, en algunos puntos podría tener implicaciones, en otros no.

“Ya son casos que no se les aplicaría cualquier nueva norma. Ya en el tema de Odebrecht nada va a cambiar y allí todo el tema de que no recibirían casa por cárcel los implicados aplicaría pero en casos similares a los de Odebrecht, los mismo que el tema de los pliegos tipo”, expresó, aclarando que los temas que eventualmente sí podrían afectar a la multinacional brasileña son los que tienen que ver con las empresas que hayan sido condenadas no contraten con el Estado.

Para María Margarita ‘la Paca’ Zuleta, exdirectora de Colombia Compra Eficiente, legalmente no tiene ningún mandato, pero sí políticamente, si se tiene en cuenta la votación que sacó la consulta, y por eso lo que se hará es presentar proyectos de ley en los que se desarrollen cada uno de los puntos.

Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, explicó que sobre casos que están en curso servirán para ser más referenciados y ver cómo reaccionan el Estado y la sociedad.

“Lo que se debe ver es qué moraleja dejan casos como los de Odebrecht para evitar que nos lleguen nuevos asaltos, pero en temas sancionatorios no habría implicaciones”, manifestó.

Carlos Fernando Galán, exsecretario de Transparencia, señaló que “la consulta tenía un punto que se refería al tema de los contratos, cuando una empresa es condenada por corrupción. Pero la consulta no pasó. Y creo que la invitación tiene que ver con lo que se puede traducir en un mandato político”.

Según Galán, lo que puede pasar es que el Gobierno y el Congreso legislen para completar las normas que hay hoy en día en materia de caducidad de un contrato cuando se demuestra que se obtuvo por métodos ilegales.

“Ya existen normas por medio de las cuales el Estado puede avanzar en declarar la caducidad de un contrato, pero los proponentes de la consulta plantearon que había que complementar esto con una facultad para liquidar el contrato”, expuso Galán.

En la misma dirección, el senador liberal Rodrigo Villalba expresó que los resultados son un hecho político irrebatible que “obliga a que el Congreso y el Gobierno tengamos cuidado en estas propuestas que hay y cómo las implementamos de la mejor manera, y cómo las desarrollamos”.

“En esos casos particulares no me gusta pronunciarme, porque esa es una labor de los jueces y del fiscal. Ellos son los que tienen que sancionar a los responsables”, dijo.

Mientras José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, consideró que no hay ninguna implicación porque “esa consulta la perdieron”, su colega de la Alianza Verde, Jorge Londoño, declaró que lo que viene ahora es plasmar las preguntas en proyectos de ley que serán respaldos por los partidos: “Hay algo que es fundamental en la democracia que no es solo la legalidad, sino la legitimidad que la dan los ciudadanos. Por eso me parece que el mandato que se dio es para que se legisle y se toquen los puntos críticos y creemos normas para que podamos combatir la corrupción”.

“Allí se planteaba en uno de los puntos que no se podría volver a contratar con firmas que hubieran sido objeto de sentencia por corrupción”, dijo el senador Londoño.