Con carácter de urgencia, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le solicitó al Gobierno nacional presentar al Congreso de la República, a más tardar en las sesiones que acaban de iniciarse, la ley que regula el nuevo procedimiento para elegir a su sucesor que estableció la reforma de equilibrio de poderes (Acto Legislativo 02 de 2015).

Si no se expide oportunamente esta ley, se podría llegar a la peligrosa situación que el control y la vigilancia de los recursos públicos del país quede sin el responsable de esta función constitucional, advirtió Maya Villazón, al manifestar su preocupación por el tema.

Pero, además, el Contralor señala que “esta anormal situación no se solucionaría simplemente con un encargo previsto en la ley, pues el mismo Acto Legislativo modificó el inciso 6º del Artículo 267, en lo relativo a la forma de proveer las faltas absolutas o temporales del Contralor, estableciendo que sólo el Congreso puede proveer estas vacantes”.

Así lo indicó el jefe del organismo de control en comunicación que envió al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, el pasado 2 de marzo.

“Como no tengo conocimiento de que una ley para este fin se hubiere expedido, considero inaplazable que el respectivo proyecto sea presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República”, agregó.

Convocatoria pública “reglada por ley”

Elección

La elección del actual Contralor General de la República debe producirse en el primer mes del período de sesiones del Congreso que se inicia el 20 de julio de 2018 y, con ocasión de la reforma constitucional conocida como Equilibrio de Poderes (Acto Legislativo 02 de 2015), el proceso de elección requiere ahora una convocatoria pública, regulada por la ley.

El Acto Legislativo 02 de 2015 modificó el artículo 267 (inciso 5) de la Constitución Nacional, estableciendo que “el Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”. 

El mismo Acto Legislativo modificó igualmente el artículo 126, determinando que “salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas debe estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.

Indica el Contralor, “es decir para el 20 de julio de 2018, el Congreso en pleno, dentro del primer mes de sesiones, debe elegir mi sucesor, previa convocatoria pública, de conformidad con la ley que se hubiere proferido para tal efecto”.

Significa lo anterior que si no se expide oportunamente la ley que regule el procedimiento para elegir el Contralor General de la República, se podría llegar a la peligrosa situación de que el control y vigilancia de los recursos públicos del país quede sin el servidor público responsable de la función constitucional.

“Esta anormal situación no se solucionaría simplemente con un encargo previsto en la ley, pues, el mismo Acto Legislativo modificó el inciso 6º del artículo 267, en lo relativo a la forma de proveer las faltas absolutas o temporales del Contralor, estableciendo expresamente que solo el Congreso puede proveer estas vacantes”, sostiene Maya Villazón.

Indica que “entonces, como no tengo conocimiento de que una ley para este fin se hubiere expedido, considero inaplazable que el respectivo proyecto sea presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, a más tardar en las sesiones que se inician el próximo 16 de marzo”.

“Esta preocupación la hago como Contralor General y servidor público, profundamente comprometido en la lucha no solo contra la corrupción, sino contra toda forma de malos manejos de los recursos y bienes de todos los colombianos en que me he empeñado. Por ello no quiero que esa labor sea interrumpida o que el debate público para elegir Contralor se centre en un vacío procedimental y pase a segundo plano la función constitucional de la entidad”.