POR DEBILIDADES estructurales en su diseño, ejecución y seguimiento, fracasó el Plan Decenal del Sistema Judicial. Así lo informó ayer la Contraloría General, a través de un comunicado en el que también evidenció que el propósito articulador y armonizado entre Poder Judicial y Gobierno no se ha logrado.

De acuerdo al ente de control fiscal, el Plan Decenal de Justicia se creó en el 2017 con el objetivo de “armonizar y articular las políticas públicas del sistema de justicia y al mismo tiempo, fungir como hoja de ruta para un horizonte de 10 años”. Pero seis años más tarde “las instituciones responsables de su ejecución continúan trabajando en forma desarticulada; no hay liderazgo institucional del Comité Directivo del Plan y las acciones formuladas no generan los resultados esperados”.

En vista de las fallas que presentó el diseño del proyecto, las instituciones eliminaron 200 de las 735 acciones inicialmente formuladas.

“Adicionalmente tienen previsto suprimir ciento cuarenta y cinco más, lo que implicaría que cerca del 50% de lo planeado desaparecerá. Para la CGR una decisión en tal sentido pone en riesgo el propósito primordial del mencionado Plan”, destacó el organismo en su informe.

Cuello de botella

Según el informe quinquenal presentado por el Comité Directivo del Plan Decenal al Congreso de la República, “el principal cuello de botella manifestado se evidencia en la falta de recursos presupuestales para el cumplimiento de las acciones allí establecidas”.

Además, habló de un rezago presupuestal de 49% en el periodo analizado por parte de las entidades que implementan la política de justicia formal. “La situación que denota un problema sistémico en la planeación presupuestal de todas las unidades ejecutoras”, indicó.

“La evaluación adelantada por la Contraloría General demuestra que el fenómeno de la impunidad persiste. De acuerdo con las estadísticas de los últimos años en materia de investigación penal se evidencia que más del 80% de las noticias criminales se archivan, especialmente, porque no se puede establecer responsable de la comisión del delito”, destacó la Contraloría.

Pero también hizo un análisis de la situación en materia de congestión judicial, dando como resultado que, a excepción de la Jurisdicción Constitucional, “en todas las demás especialidades (penal, civil, promiscua, familia, laboral, administrativa y disciplinaria) el Índice de Congestión Efectivo aumentó en 4 puntos porcentuales con respecto al 2017. Hoy de cada 100 casos que ingresan al sistema judicial, 57 quedan pendientes de trámite para la siguiente vigencia”.

Asimismo, hubo un descenso en cuanto a la productividad por juez. Según el informe, la disminución se dio pese al incremento del número de togados y disminuyó la demanda. “La Rama Judicial fue menos eficaz en 2022 que en 2017, sin desconocer la coyuntura por la que pasaron todas las entidades públicas por efecto de la pandemia del covid-19”, puntualizó.

“Luego de casi seis años de ejecución del Plan, a pesar de los esfuerzos fiscales ($61,8 billones en el periodo de estudio) y administrativos realizados por las entidades estudiadas, para fortalecer las estrategias, así como los mecanismos virtuales implementados para mejorar el acceso y gestión judicial”, manifestó el órgano de control.

En medio del análisis, la Contraloría sugiere algunos cambios estructurales como “claridad en metas, recursos económicos, indicadores para el seguimiento de avances y medición de impactos, bajo la colaboración armónica por parte de las entidades públicas”.

“El mayor desafío del Plan consiste en lograr en cuatro años avances significativos en la disminución del índice de congestión, la optimización de la productividad efectiva por juez, el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia en términos de cobertura, oportunidad, eficiencia y eficacia, principalmente en lo que tiene que ver con las barreras físicas y tecnológicas existentes”, destaca el órgano liderado por Carlos Mario Zuluaga.