El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1231 de 2024, que establece directrices para el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
Este decreto tiene como objetivo reglamentar el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, enfatizando que la policía no debe emplear fuerza letal para proteger bienes que tienen un valor menor que la vida humana.
El decreto incluye once requisitos que los agentes deben considerar antes de emplear la fuerza. Estos incluyen:
- Uso de medios no violentos: Se debe recurrir primero a alternativas no violentas antes de considerar el uso de la fuerza.
- Proporcionalidad: La fuerza solo debe usarse cuando sea estrictamente necesario y en proporción a la amenaza.
- Responsabilidad del Estado: Se establece que el Estado debe asumir la responsabilidad por cualquier acción o extralimitación cometida por la Policía
"En caso de ser absolutamente necesario ofrecer una respuesta razonable, esta deberá ser considerada según las variables de conducta y desde los principios básicos para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, priorizando medios sustitutivos como la comunicación, disuasión, persuasión y mediación policial, antes de recurrir a la fuerza", señala un fragmento del documento de 18 páginas.
En el decreto también se hace incapié en que "la dependencia dentro de la Policía Nacional será responsable de la formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento en derechos humanos, uso diferenciado y proporcional de la atención al ciudadano, mecanismos alternativos al uso la fuerza y en procedimientos policiales, para todo el uniformado".
El uso de armas de fuego se considera como una medida extrema. Estas no se emplearán en contra de las personas, salvo en ocasiones en que exista peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión un delito particularmente grave que entrañe una amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro.
La firma del decreto ha generado diversas reacciones entre líderes políticos y sociales. Algunos consideran que esta medida es un avance significativo hacia una Policía más respetuosa de los derechos humanos. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda erxpresó que este decreto es un paso importante para evitar abusos.
Por su parte, el representante a la cámara, Christian Garcés, señaló que “este decreto es otra acción de Petro para limitar el actuar de la fuerza pública ante la protesta violenta y aumenta el riesgo jurídico y la integralidad de nuestros policías.