Esta semana de nuevo hay universidades envueltas en escándalos por desvío o falta de recursos. La Ley 1740 debe ser de nuevo la herramienta para el control y la vigilancia

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UN escándalo sacude esta semana a una Institución de Educación Superior: la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, de nuevo. La tristemente célebre por el escándalo de Silvia Gette hace ocho años, una bailarina argentina que se casó con el fundador de la universidad, Mario Ceballos, y a su muerte se quedó con el control de la universidad. Ella asumió como rectora de 2006 a 2012, y con los recursos incluso creó un equipo de fútbol Uniautónoma que llegó a militar en la Primera División del Fútbol Colombiano. Una tragedia que termina con la intervención de la universidad y una estrategia de recuperación.

Cuando se creía que todo estaba saliendo adelante, se destapa que la universidad no tiene como pagar la nómina. Increíble, una universidad que cuenta con registros calificados, con más de 13.000 estudiantes y con un prestigio regional llegue a esta situación. Lo que puede ser un indicio que los recursos se están desviando de nuevo. El jueves en la W radio salieron denuncias hacia el rector Ramsés Vargas Lamadrid. Se afirma que con recursos de la universidad paga los costosos esquemas de seguridad de su familia, que tiene a su padre pensionado de la universidad, como asesor de la rectoría por un monto de 17 millones de pesos, al igual que otros dos asesores y que se desvían recursos para la sede en Miami. Donde el rector también tiene una empresa.

En entrevista en la misma emisora la Ministra de Educación Yaneth Giha, afirmó que el plazo que tenía la universidad de cinco días para pagar nómina se iba a cumplir porque la institución tenía unos predios que respaldaban créditos para cumplir las obligaciones. Sin embargo, el terreno más grande que tiene la universidad, aparece vendido a una consultora de abogados y otra parte del predio hipotecado. Pero los recursos de esa venta no aparecen ingresados.

Por ahora corresponde al rector quien además ha invertido recursos en publicidad y posicionamiento de la universidad en medios impresos y en eventos académicos, aclarar las denuncias y sobre todo al Ministerio de Educación utilizar las herramientas de la Ley 1740 para actuar.

La Universidad Incca

Los problemas no son solo en el Caribe. La Universidad Incca en Bogotá, una institución que existe desde 1955, tampoco se han resuelto. Desde el año 2012 vienen serias denuncias sobre el desvío de recursos y hoy también presenta problemas de pago a sus acreedores. En 2015 el Ministerio de Educación le exigió un plan de mejoramiento para resolver las irregularidades financieras y administrativas. Ese año junto con la Corporación Ideas y la Popular del Cesar quedaron bajo la lupa del Ministerio.

Hoy la Incca no ha resuelto sus problemas de pago. Sus estudiantes siguen en un limbo para la estabilidad y el normal funcionamiento de la institución.

No sólo de las privadas

Además de la Universidad Popular del Cesar, otras universidades públicas también se han visto afectadas por denuncias de irregularidades, como la Universidad del Tolima. La UNAD, la de Cundinamarca entre otras, han tenido en los últimos tres años problemas financieros, contratos poco claros donde se han desviado recursos o nóminas administrativas mucho más grandes que la planta docente. Algunas son presa de la politiquería y se convierten en fortines burocráticos durante la campaña electoral.

La necesidad de aplicar la Ley 1740

En la Constitución Nacional el artículo 67 dice que el Estado debe regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por la calidad y garantizar el servicio. Por otra parte, se reconoce que la educación es un derecho y la educación superior sin ánimo de lucro. Sin embargo, hacer cumplir la Ley no fue posible porque faltaban dientes para el control. De ahí, el valor de crear la Ley 1740 en diciembre de 2014, que permite al Ministerio de Educación Nacional la inspección y vigilancia frente a las irregularidades de cómo algunas instituciones desvían recursos para lucrarse. Por esa medida fue posible intervenir y poner en control a varias instituciones de educación superior.

Hoy el Ministerio de Educación debe salir a ejercer de nuevo el control de las IES (Instituciones de Educación Superior) para garantizar la normalidad académica, el pago a los profesores y el control y vigilancia. Uniautónoma y demás universidades deben salir a responder por las actuaciones irregulares. En algunos casos las denuncias no salen a los medios, por eso invitamos a quienes conozcan denuncias de irregularidades en las IES a que las presenten.

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Especialista en educación. “La opinión del autor no refleja necesariamente la posición del medio y es responsabilidad exclusiva del que la escribe”

En la versión original de este artículo la foto publicada era de la Universidad Autónoma de Bogotá. Corregido este error, en esta versión publicamos la foto de la Autónoma de Barranquilla, institución objeto del escrito.