Sin respuesta se quedarán las cinco inquietudes que a través de una carta hizo el Fiscal General a la Corte Constitucional acerca de su reciente fallo en el que, con algunas salvedades, declaró exequible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Las preocupaciones de Néstor Humberto Martínez tienen que ver con narcotráfico, extradición, investigaciones contra agentes del Estado, entre otros asuntos.

En ese sentido, el presidente del alto Tribunal, magistrado Alejandro Linares, explicó a Martínez Neira en una misiva que le dirigió: “Por carecer  la Corte Constitucional de competencias consultivas, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución, no me encuentro facultado para contestar las cuestiones por usted planteadas. Es exclusivamente el texto de la Sentencia C-080 de 2018 donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión”.

Añade en la misiva el Presidente de la Corte Constitucional que “no obstante tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la Sentencia así como las razones detalladas que la sustentan”.    

Una de las preocupaciones que expresó el Fiscal a la Corte acerca de su fallo sobre la Ley Estatutaria de la JEP tiene que ver con el narcotráfico, pues Martínez afirmó que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc no definió jurisdicción competente para conocer de los delitos de ejecución permanente.

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El Fiscal recordó que, como lo propuso, el Acto Legislativo 01 de 2017 estableció que los delitos relativos al narcotráfico, cuya comisión haya iniciado con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, serían de conocimiento de la justicia ordinaria.

Sin embargo, sostuvo que la sentencia de la Corte le impedirá a la Fiscalía actuar con celeridad hasta que la JEP defina los casos en los que los desmovilizados de la guerrilla continúen cometiendo delitos relacionados con el narcotráfico.

Martínez hace referencia también en la misiva a que en el comunicado de la Corte, aunque se reconoce que la Fiscalía puede seguir con las investigaciones en curso, “en su interpretación deja maniatada completamente la actividad investigativa, al prever que no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales”.

El temor de la Fiscalía es que algunos operadores judiciales puedan concluir que, por lo dicho por la Corte en el comunicado, no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, indagatorios, audiencias de formulación de imputación, entre otras; “todo esto mientras la JEP asume competencia de esos casos en un término que se prevé de hasta tres años”.