Corte tumbó reducción de aportes de los pensionados | El Nuevo Siglo
Foto referencia.
Jueves, 21 de Junio de 2018
Redacción Web

Se esfumó la esperanza que tenían los pensionados del país, la mayoría que recibe un salario mínimo, de reducir sus aportes mensuales para el pago de salud del 12 por ciento al 4 por ciento, como lo aprobó el Congreso de la República, porque la Corte Constitucional le dio la razón al Gobierno nacional cuando objetó este proyecto en el sentido de que se estaba violando la Constitución por “establecer una exención tributaria sin el aval gubernamental”.

La Corte señaló que al dar vía libre a la ley, el Congreso no consultó al Ejecutivo sobre las cifras y el impacto fiscal que tendría esa medida de reducción.

El Gobierno, que objetó el proyecto de ley, señalaba que se estaría discriminando a una parte de la población por el beneficio tributario para un solo un grupo de personas.

También adujo que se trata de una norma regresiva, pues afecta los ingresos fiscales para el sistema pensional al privarlo de los recursos para financiar el sistema general de seguridad social.

Y en cuanto a las objeciones de inconveniencia, dice el Gobierno que el impacto fiscal es superior a los 3,7 billones de pesos entre 2017 y 2022.

La plenaria del Senado, el pasado 7 de diciembre, y la plenaria de la Cámara, el pasado 13 de diciembre, negaron las objeciones presidenciales a este proyecto de ley.

El informe del Congreso sobre las objeciones presidenciales indica que “como se pudo demostrar no existen argumentos de peso que permitan hablar de una inconstitucionalidad o inconveniencia del proyecto de ley objetado…por el contrario, se pudo demostrar que la medida adoptada por el Legislativo en el proyecto de ley favorece las condiciones de vida de los pensionados como sujetos de especial protección constitucional y desarrolla claramente el postulado del Estado Social de Derecho”.

Agrega que “la medida adoptada en el proyecto no viola los principios de iniciativa legislativa, progresividad, solidaridad, impacto fiscal, ni sostenibilidad fiscal”.

Este proyecto de ley contó en un principio con el respaldo de la Casa de Nariño, pues reducir los aportes de los pensionados a salud fue una de las promesas hechas durante la campaña por la reelección del presidente Santos.

Hasta el tercer debate la propuesta en beneficio de los pensionados no incomodaba al Gobierno, sin embargo, cuando entró a cuarto debate en la Cámara la plenaria incluyó el beneficio para todos los pensionados. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había advertido que de aprobarse ese descuento para todos el Ejecutivo la objetaría.

La rebaja del 12 por ciento al 4 por ciento en los aportes en salud a los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos al mes -89 por ciento del total de 2,3 millones de pensionados- suponía un esfuerzo fiscal de 1,3 billones de pesos, pero ya la cobertura para todos implica un déficit superior a los 3 billones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Le puede interesar: Reglamentación de JEP se definirá en sesiones extras.

La Procuraduría

 

En un concepto que hizo llegar a la Corte Constitucional el procurador general Fernando Carrillo pidió declarar infundadas las objeciones del Gobierno frente al proyecto de ley que reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados del 12 por ciento al 4 por ciento. Solicitó que los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación.

El ente de control recordó la importancia de la norma constitucional que afirma que la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción.

El Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional que en caso de que el “único vicio del proyecto” estuviera fundado en la escasez de recursos, evalúe la posibilidad de modular su aplicación y armonice así la progresividad con la viabilidad de las políticas legislativas objeto de juicio.

Finalmente, el ente de control ratificó que los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional y que el Legislativo puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad.