Cuando restan diecisiete meses del actual período de alcaldes elegidos en octubre de 2015, sigue creciendo el número de estos funcionarios investigados en materia penal y disciplinaria.

Al punto que Cartagena en la actualidad tiene burgomaestre encargado porque el titular fue suspendido por la Procuraduría. En el caso de Popayán podría suceder lo mismo, ya que el mandatario fue afectado con esta medida, aunque es una decisión de primera instancia y apeló.

Entre tanto, el Alcalde de Armenia renunció desde prisión, donde afronta una investigación por hechos de corrupción que se habrían presentado durante su administración; y en Riohacha el burgomaestre se mantiene en el cargo a través de recursos que ha solicitado en los tribunales contra la providencia de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por doce años para ocupar cargos públicos por supuestos actos de corrupción. Asimismo afronta, por estos mismos hechos, un proceso penal que lo mantuvo por cerca de un año en la cárcel, de la cual salió por vencimiento de términos.

También el Ministerio Público adelanta investigaciones a los alcaldes de Santa Marta, Ibagué y Bucaramanga.

El panorama no es mejor en materia de gobernadores, pues están suspendidos por el Ministerio Público los mandatarios de Córdoba y San Andrés, así como son investigados por la Procuraduría los titulares de Nariño, Putumayo y Norte de Santander.

 

Popayán

 

El jueves pasado la Procuraduría suspendió por el término de once meses al alcalde de Popayán, departamento del Cauca, César Cristian Gómez, quien es acusado de irregularidades que se habrían presentado en la celebración y ejecución de un convenio de asociación por valor de 176 millones de pesos con la fundación Tortuga Triste, que tenía por objeto promover la agenda artística y cultural del municipio en la Semana Santa de 2016.

El órgano de control consideró que el Alcalde y sus funcionarios no tuvieron en cuenta que esta fundación carecía de idoneidad para ejecutar el convenio.

Por tratarse de una providencia de primera instancia, el alcalde Gómez apeló, por lo que por el momento se mantiene en cargo.

 

Cartagena

 

El pasado 6 de mayo, Antonio Quinto Guerra fue elegido alcalde de Cartagena en comicios atípicos, después de que en septiembre pasado renunciara desde la cárcel Manuel Vicente Duque, quien es investigado por irregularidades en la elección de la contralora de esta capital.

Sin embargo, solo diecinueve días después de asumir el cargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó medidas cautelares y suspendió a Guerra, tomando en consideración la demanda interpuesta por la Procuraduría, ya que estaría inhabilitado pues fue contratista hasta diciembre de 2017 del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar.

 

Armenia

 

El pasado 28 de junio, Carlos Mario Álvarez renunció desde la cárcel a su cargo como alcalde de Armenia, pues es investigado por su presunta participación en la apropiación de recursos provenientes de los contratos de construcción de vías y puentes que correspondían a obras de valorización para la ciudad durante el año 2015.

El procesado fue imputado por lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados.

 

Riohacha

 

Se mantiene como alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez, a pesar de que en junio pasado el ministro del Interior, Guillermo Rivera, firmara el Decreto por medio del cual hace efectiva su destitución, atendiendo una solicitud en ese sentido de la Procuraduría, la cual lo encontró responsable en una investigación disciplinaria, de suscribir de manera irregular el convenio del Plan de Alimentación Escolar (PAE) con la Asociación Social del Caribe (Asocar), que tuvo un valor superior a los 5.700 millones de pesos. La sanción del Ministerio Público además, contempla una inhabilitación por doce años para ejercer cargos públicos.

Velásquez acudió al mismo recurso que permitió a Gustavo Petro volver al cargo de alcalde de Bogotá en abril de 2014, después de que el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyera e inhabilitara por quince años, cuando solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que con esta decisión le violaron sus derechos políticos.

 

Santa Marta

 

A principios de este mes, la Procuraduría abrió una investigación preliminar en contra del alcalde Rafael Alejandro Martínez y del exalcalde Carlos Caicedo Omar por las presuntas irregularidades en torno a la remodelación del Coliseo de Gaira, ubicado en el distrito de Santa Marta.

Este escenario estaba diseñado para utilizarse en los pasados Juegos Bolivarianos desarrollados en esta ciudad, pero no fue posible por las fallas que presentó inundándose por las lluvias.

El primer contrato para la remodelación de este coliseo fue firmado por Caicedo en 2015 por un valor de 2.682 millones de pesos. Posteriormente, ya durante la administración de Martínez, en junio de 2016 se firmó un segundo otrosí ampliando por cinco meses más el contrato. Luego se suscribieron tres otrosíes más, incluida una adición por 1.340.536.123 pesos.

 

Ibagué

 

El pasado 19 de junio la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque al parecer exhibió ante los medios de comunicación el tarjetón marcado, mostrando su preferencia por un candidato presidencial en las pasadas elecciones.  

La Regional Tolima busca determinar si la conducta presuntamente irregular del mandatario local corresponde a una supuesta falta disciplinaria y si actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

El ente de control ordenó la práctica de diferentes pruebas para corroborar los hechos denunciados ante la entidad.

 

Bucaramanga

 

En abril pasado la Procuraduría formuló pliego de cargos a Rodolfo Hernández, actual alcalde de Bucaramanga, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de un funcionario que no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo.

El ente de control atribuyó a Hernández una posible incursión en prohibiciones al nombrar y permitir, presuntamente, que Manuel Francisco Azuero se posesionara en dos cargos para ejercer funciones en la administración municipal sin que cumpliera los requisitos para ninguno de ellos.

 

Prorrogan suspensión

. La Procuraduría hace pocos días prorrogó por tres meses la suspensión provisional del gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Roland Housni Jaller, investigado por la presunta omisión de sus deberes en el manejo del sistema de salud del departamento.

. En estos días la Procuraduría prorrogó por tres meses la suspensión al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, investigado por irregularidades en la contratación.