Críticas a las políticas para prevenir el consumo de drogas lanzaron dos integrantes de la bancada del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
El senador José Alfredo Gnecco solicitó intervención del Gobierno nacional para frenar el consumo de drogas que, según un informe del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, “está creciendo en el país no solo porque más personas las consumen, sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso”.
Apoyado en ese reporte, Gnecco sostuvo que el flagelo afecta a más de tres millones de colombianos perturbando la salud, las relaciones familiares y las actividades académicas de muchos niños, jóvenes y adultos.
Gnecco le pidió al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, “la inmediata implementación de estrategias sobre prevención del consumo de droga en todo el país para tratar de reducir el creciente uso de estas sustancias entre estudiantes de colegios y universidades”.
“Al Director de la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia pedí acciones contundentes contra el crimen organizado que promueve el consumo de drogas y el narcomenudeo en todas las ciudades colombianas”, expresó.
Y además subrayó que, “es importante dotar de las mejores herramientas al pie de fuerza encargado de luchar contra este flagelo, para que su tarea se cumpla con mayor eficacia y se logren mejores resultados”.
Le puede interesar: Desarrollo infantil temprano: calidad y seguimiento.
Hace unos días, el senador Armando Benedetti lideró un debate sobre el tema en la plenaria del Senado, poniendo de presente que quienes más consumen estupefacientes están entre edades de 18 a 24 años, seguido del grupo de 12 a 17 años. Lo que quiere decir que la política de policía es para enfermos y adolescentes. De los 2.8 millones de niños que requieren atención integral, el Estado solo atiende a 1.3 millones. Lo que quiere decir que 1.5 millones quedan por fuera de la atención.
Benedetti reveló también que según estándares internacionales, por cada dólar que se invierte para rehabilitar a una persona, el sistema de salud se ahorra cuatro y el sistema judicial se ahorra siete.
Tras agregar que por cada 220 dólares que se invierten en cada estudiante para programas de prevención, se pueden ahorrar 3.960 dólares en un futuro, Bendetti se preguntó “¿por qué no se aplica un enfoque de salud pública como lo dice la Ley 1566 de 2012?” y dado que “las EPS tienen dineros públicos para prevenir el consumo, ¿qué han hecho esa plata? ¿Quién lo vigila? ¿Qué resultados han presentado?”.
Benedetti criticó que la mayor parte del presupuesto para atender el problema de drogas esté en manos del Ministerio de Justicia y no tanto en el Ministerio de Salud, que es la entidad que rige la política en esta materia; entonces, “¿cómo se pretende aplicar un enfoque de salud pública si la inversión se hace en la criminalización?”.