El procurador Carrillo advirtió que buscan apoderarse de las corporaciones públicas

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Un llamado a cerrarle definitivamente las puertas a las empresas criminales electorales que buscan apoderarse de corporaciones públicas con prácticas corruptas, hizo ayer el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

“Gran parte de nuestra responsabilidad como Ministerio Público y de ustedes como jueces y magistrados, es cerrarle las puertas a las empresas criminales electorales, y más en un momento como el presente donde parece que por todas partes comienzan a florecer”.

En su intervención en el XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el jefe del Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado no flexibilizar las condiciones de libertad probatoria para los procesos de pérdida de investidura por ausentismo parlamentario y pidió además “no permitir que pierda efectividad esa institución, por supuesto, respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”.  

Planteó la posibilidad de que las pruebas que sirven en un proceso de nulidad electoral se usen para la pérdida de investidura, y para el tema de la silla vacía, pidió primero determinar cuándo aplica y cuándo proceden los reemplazos en las corporaciones públicas.

Frente a los nuevos hechos violentos presentados en diferentes regiones del país, Carrillo aseguró que “no podemos permitir que se vuelvan a producir esos escenarios de guerra, para que quede de nuevo cubierta en una nube la batalla contra la corrupción”.

Enfatizó en que siendo la Procuraduría prima hermana de la justicia, seguirá de la mano del Consejo de Estado, de los tribunales y los jueces administrativos, demostrando que no se puede ceder, ni flexibilizar los frentes contra la corrupción.

Recordó la importancia de fortalecer los estándares éticos de la administración de justicia y la necesidad de legitimar la acción judicial, con rendición de cuentas, transparencia y claridad en la lucha contra este flagelo.

En su discurso, el procurador Carrillo resaltó la intervención del órgano de control en defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos, como en el caso de Odebrecht ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con una acción popular en la que se obtuvo “la condena más grande que se ha dado en la justicia de América Latina contra la multinacional brasilera por US$260 millones”.

Además, mencionó la solicitud que hizo la Entidad ante el tribunal arbitral que logró un ahorro de $3,8 billones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), constituyendo uno de los fallos más importantes en la región, en la lucha contra la corrupción.

“Los fallos de la justicia colombiana en el caso Odebrecht, que se iniciaron por solicitud de la Procuraduría o donde la intervención fue definitiva, están llamados a ser una de las piezas más importantes en la región, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción”.

Carrillo también anunció la puesta en marcha de una “Consulta Ciudadana por la Justicia” que abarcará todo el territorio nacional con siete consultas regionales, 24 mesas territoriales y contará además con una plataforma ciudadana digital para recibir todas las inquietudes y propuestas de la ciudadanía.

“Iniciamos un proceso de consulta ciudadana que, no es una reforma que va a proponer la Procuraduría ni mucho menos, es una iniciativa para invertir la lógica de lo que ha sido la reforma a la justicia. Es ir a la base de la pirámide, a la justicia local, territorial con los jueces que están en las regiones y los magistrados que están en los territorios, para determinar de una vez por todas cuál es la demanda de justicia que requiere este país para el futuro”.