LA CÚPULA de la justicia encabezada por el presidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra, la fiscal general Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia Ángela Buitrago. Presentaron un proyecto de ley que da una serie de beneficios a personas que están investigadas por delitos contra menores de edad, pese a que la ley no permite ningún subrogado penal a quienes atentan contra menores de edad.

En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra, explicó que “el objetivo de esta propuesta es reducir los altos índices de impunidad que actualmente se presentan en materia penal y lograr que los procesos penales que se radican tanto en la Fiscalía como en juzgados se adelanten de manera célere”.

De la misma manera, el presidente de la corporación señaló que “esta iniciativa también busca una reparación efectiva a las víctimas de estos casos en cuanto a su aceptación de responsabilidad y bienes jurídicos para su resarcimiento. El eje central de este proyecto es restablecer el mecanismo del sistema premial para quienes reconozcan en medio de las audiencias previas, la responsabilidad penal, reparen las víctimas y se acojan a sentencia anticipada en casos que incluso involucran a menores de edad; preacuerdos y principios de oportunidad, precisar que un carácter penal negociado no significa impunidad.

Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró en relación con este proyecto que “hace cuatro meses comenzamos a trabajar este proyecto de ley en la mesa de Reforma a la Justicia. Con el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra, y con el entonces ministro de Justicia Néstor Ozuna, queríamos buscar una salida rápida para un problema que es la demora en los juicios en el sistema penal acusatorio. En 2004 el sistema tuvo una modificación que buscaba tener juicios más prontos, más eficientes y más concentrados. Qué con el pasar de los años ha tenido una serie de dificultades y hoy enfrenta una fuerte crisis de congestión. Este proyecto de reforma es muy puntual y busca esencialmente dos aspectos, los mecanismos premiales y la terminación anticipada del proceso”.

El proyecto presentado

El articulado al cual el Senado de la República va a darle debate en las próximas semanas, viene con una propuesta que desde el inicio va a generar polémica sin ser discutida aún, la iniciativa pretende que en casos que se cometen en contra de menores de edad tengan también una serie de beneficios que incluye una rebaja en la pena efectiva.

Sobre este particular, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra explicó que “frente a los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, se manifiesta la dirección legal de no conceder en ningún tipo de conductas punibles, ni los sustitutos como la prisión domiciliaria, la prisión condicional, y la libertad condicional. Hay que señalar que, por el tipo de conductas punibles, el código penal de Infancia y Adolescencia, no hay ningún tipo de beneficios o rebaja en las penas. Pero al reconocer la responsabilidad penal con aceptación de cargos, el procesado podrá obtener una mínima rebaja a fin de cerrar el proceso sin que se realice el juicio oral”.

Según datos de la Fiscalía General, el proyecto de sistema penal abreviado que propone al Congreso, permite no solo la agilidad de los procesos penales, sino también la descongestión administrativa tanto en la Fiscalía General, como en los juzgados de todo el país. “Solo el 10% de los casos que ingresan al sistema de justicia penal en el país logran resolverse mediante mecanismos de terminación anticipada, como preacuerdos o allanamientos”.

Así mismo, “en Colombia en el año 2022 se reportaron 1.648.871 noticias criminales, en el 2023 1.815.751 y hasta ahora en el 2024 559.313, lo cual denota, de una parte, el aumento en el número de actuaciones penales y, de otra, la eventual congestión de la Fiscalía General de la Nación y la administración de justicia. A su vez, en el 2023 la Fiscalía radicó 52.278 escritos de acusación, de los cuales, únicamente 2.742 fueron producto de preacuerdos, cifra que corresponde a un poco más del 5% del total de procesos que no llegan a sentencia”.

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