La designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional ha generado una ola de demandas y controversias, con acusaciones de usurpación de funciones y violaciones al debido proceso. La más reciente demanda ante el Consejo de Estado argumenta que la elección se dio en medio de irregularidades, pues ya existía un rector legalmente elegido antes de su nombramiento.
El demandante, cuyo nombre no fue revelado en el documento, presenta una serie de argumentos que ponen en tela de juicio la legitimidad del nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la UNAL. Una de las principales acusaciones es que la designación de Múnera se realizó sin considerar que José Ismael Peña ya había sido nombrado previamente como rector de la institución.
La demanda resalta que, según el accionante, existen elementos que apuntan a que el procedimiento seguido para la elección de Múnera fue irregular. Esto se basa en que, para la fecha de la designación de Múnera, Peña ya había sido nombrado y posesionado como rector, lo que según la demanda, le otorgaba derechos adquiridos en el cargo.
Además, se argumenta que la decisión de remover a Peña y nombrar a Múnera como su reemplazo se habría tomado de manera precipitada y sin considerar el proceso judicial en curso relacionado con la designación de Peña.
En palabras del demandante: "Las irregularidades expuestas han conducido a que hay dos rectores nombrados con sus respectivos equipos de trabajo. El legítimo (profesor Peña), designado por el CSU el día 21 de marzo de 2024, y el espurio (profesor Múnera), nombrado por el mismo cuerpo directivo el 6 de junio de 2024".
El documento presentado en la demanda destaca que el acto administrativo que designó a Peña no ha sido anulado ni suspendido provisionalmente, lo que sugiere que goza de presunción de legalidad. Por lo tanto, según la demanda, el nombramiento de Múnera constituye una usurpación de funciones y una violación al debido proceso.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre en la Universidad Nacional, ya que la disputa legal podría tener implicaciones en la estabilidad académica y administrativa de la institución.