EL NUEVO SIGLO: Visto lo ocurrido en estos dos primeros meses de mandato, ¿cuál es hoy la mayor amenaza a la seguridad y convivencia en Bogotá?
César Restrepo: El deterioro de la seguridad en la ciudad es el resultado de un fortalecimiento general de las economías criminales en el país y aquí se evidencia en una mayor comercialización de sustancias ilícitas y contrabando.
Este tipo de delitos generan recursos que financian el crimen común y esas organizaciones criminales comunes que tienen hoy en día acceso a armas de fuego, pues han aumentado su posibilidad de hacer violencia sobre los ciudadanos.
Por eso hemos estado trabajando durante dos meses en fortalecer la alianza entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana y la Brigada 13 que con la Secretaría de Seguridad y el concurso general del gobierno distrital busca transformar las condiciones de seguridad de la ciudad para que los hechos violentos y criminales no solo disminuyan, sino que no se repitan en el futuro.
ENS: ¿Qué responderle al ciudadano de a pie que hoy tiene miedo de salir a las calles y ser víctima de los delincuentes?
CR: Los ciudadanos tienen razón de sentirse preocupados por la ocurrencia de hechos delictivos, además vienen de un tiempo largo en el cual esos hechos delictivos ya han ocurrido de manera secuencial.
Es por eso que nosotros los hemos llamado a conformar de nuevo una alianza por la seguridad de la ciudad, cada uno en sus roles y con su aporte particular en el marco de la Constitución y la Ley.
Que esa alianza sea el resultado de un diálogo renovado que acerque a los ciudadanos a las instituciones y que apoyado en el gobierno distrital logre crear la confianza suficiente y el trabajo conjunto necesario para la transformación de las condiciones de seguridad de Bogotá que nos permita volver a caminar seguros.
ENS: ¿Cuántos policías tiene hoy Bogotá en las calles, y cuántos necesita para cumplir los estándares internacionales?
CR: En términos de pie de fuerza no existe un estándar internacional porque cada ciudad tiene unas condiciones particulares que define cuál es el número de miembros de la Policía que prestan sus servicios para la protección de los ciudadanos y para la lucha contra el crimen.
Hay un referente que es la ciudad de Nueva York que tiene 8.300.000 habitantes aproximadamente y la tasa de policías por 100.000 habitantes está en la actualidad en cerca de 406 policías, a comparación de Bogotá que con una población similar tiene una tasa de policías de 213 a 216 policías por cada 100.000 habitantes.
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Si la ciudad quiere llegar a un número, que atienda ese número de población en las condiciones particulares que tiene, necesitaría un número aproximado de 10.000 policías adicionales dedicados a tareas de prevención y de construcción de ciudadanía.
La Alcaldía Mayor de Bogotá de acuerdo con los lineamientos del señor alcalde en su Plan de Desarrollo, ha propuesto la financiación de 4.000 policías adicionales para fortalecer el pie de fuerza durante este gobierno y generar el modelo que permita que las administraciones del futuro logren completar los 10.000 policías que nos darían el mínimo necesario para que los eventos criminales disminuyan de manera sostenible.
ENS: Hay quienes plantean derogar el decreto que restringe el porte de armas de fuego, ¿qué opina la administración?
CR: Esta es una decisión que corresponde al nivel nacional, el Distrito no tiene la posibilidad de interferir en la emisión de esa norma, pero en general todas las ideas sobre seguridad son analizadas por la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Brigada 13.
Se analizan en el nivel jurídico y en el de riesgo también. En la medida en que no representen un gran riesgo para las ciudades y de que exista la posibilidad jurídica de desarrollarlas, pues entonces las tenemos en cuenta.
ENS: La anterior administración planteó crear un cuerpo de policía local, pero el proyecto se hundió. ¿La Alcaldía de Galán lo volvería a presentar?
CR: El alcalde Galán y su Gobierno no consideran que sea correcto crear policías locales, por el contrario, apuesta al fortalecimiento de la Policía Nacional.
ENS: La Defensoría denunció que en algunas localidades de Bogotá hay disputas entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, pero el alcalde Galán lo puso en duda. ¿Cuál es la realidad sobre esta delicada situación?
CR: Sobre la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo el señor alcalde convocó una reunión de las Fuerzas de Policías Militares, la Fiscalía Seccional y la Secretaría de Seguridad con el equipo de la Defensoría del Pueblo para analizar los elementos de esa alerta temprana y adicionalmente conocer los hechos objetivos que llevaron a algunos señalamientos sobre asuntos de seguridad dentro de dicho documento.
El resultado de esa reunión nos dejó como conclusiones que con esta alerta temprana la Defensoría del Pueblo estaba proyectando riesgos de futuro a partir de la observación de comportamientos de hoy en día.
Adicionalmente, nos indicaron que ellos no habían identificado ni desapariciones forzosas durante los 8 meses de observación que tuvieron en el año pasado, porque ese documento es el resultado una observación realizada en el año anterior y adicionalmente nos indicó que ese documento es de carácter estructural, lo que significa que es una proyección de riesgos del futuro sobre la cual llama la atención en algo muy importante.
Hay unas condiciones socioeconómicas de la ciudad que podrían derivar en el fortalecimiento de riesgo, algo frente a lo cual el señor alcalde señaló que su programa de gobierno y su Plan de Desarrollo se enfocan en la solución de problemas estructurales para que precisamente dicho riesgo no se materialice.
ENS: También se propuso en el Congreso crear una mega cárcel para Bogotá. ¿Qué opina la Alcaldía y cuáles son las cifras hoy de hacinamiento en prisiones, URIS y estaciones de policía?
CR: Dentro de la promesa de gobierno con la cual fue elegido el alcalde Carlos Fernando Galán, la construcción de una nueva cárcel era una propuesta que se planteaba y que eligieron los bogotanos.
Estamos terminando esta semana la sesión de un terreno por parte del Ministerio de Justicia y del INPEC a la Alcaldía de Bogotá en el área del Distrito Carcelario de La Picota, un terreno en el cual la ciudad va a construir dicho establecimiento carcelario.
Mientras que eso termina y se pone en servicio, el alcalde nos ha dado la instrucción a la Secretaría de Seguridad de encontrar una medida de corto plazo o temporal en la cual se logre hacer el traslado de todas las personas que hay en estaciones de policía y en URI para que tengan una reclusión de buenos estándares y que no representen riesgo de seguridad para la ciudad.
ENS: En otras ciudades capitales está vigente la restricción del parrillero en las motos, ¿por qué en Bogotá no?
CR: En la ciudad estamos permanentemente evaluando medidas que puedan contribuir al fortalecimiento de la seguridad y al debilitamiento del crimen.
Esas medidas siempre deben ir a la luz del riesgo y del aporte operativo que hacen, en este momento la ciudad no ha tomado esa medida. Siempre está como una posibilidad y en el momento que lo consideremos necesario podría ponerse en práctica.