HAN TRANSCURRIDO cerca de dos meses de este año y son varias las dificultades que están enfrentando los mandatarios locales.

Ya un concejal fue asesinado sin alcanzar a posesionarse, mientras que otros están siendo amenazados. Algunos más afrontan investigaciones por procesos penales e irregularidades.

La siguiente es la situación de algunos concejales en Antioquia, Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.

El crimen de Eliecid Ávila

Recién empezaba el 2024 cuando se reportó el primer caso de violencia en contra de un dirigente político en Colombia. La noche del 31 de diciembre del año anterior, desconocidos atentaron contra el concejal electo Eliecid Ávila, de Tuluá, Valle del Cauca.

Falleció luego de dos días en una clínica de esa ciudad en delicado estado de salud.

La muerte del concejal causó consternación al determinarse por parte de las autoridades que su asesinato había sido ordenado por una banda criminal conocida como "La Inmaculada", que lo amenazó en reiteradas oportunidades por sus denuncias contra la corrupción relacionada con presuntos nexos de dirigentes políticos con ese grupo delincuencial.

Suspensión de Juan Carlos Upegui

El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de un fallo en segunda instancia, determinó despojar de su investidura como concejal de Medellín a Juan Carlos Upegui.

Las razones que tuvo en cuenta esa corporación judicial para retirar del cargo al cabildante radica en que el padre de Upegui se encuentra designado como rector de un colegio público, hecho que, para los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, es una clara violación al régimen de inhabilidades.

Esta sentencia marca un precedente en la región, siendo la primera vez que se decreta la pérdida de investidura de un político que, tras quedar segundo en las elecciones para alcalde, obtuvo una curul en el Concejo. 

Capturado concejal de Chocó

Una operación de las autoridades para desmantelar y capturar a los integrantes de una banda delincuencial relacionada con actividades de narcotráfico, puso al descubierto la relación que tenía un concejal del Chocó con la criminalidad.

Del grupo de detenidos hace parte el concejal de Juradó Fabián Paz Rentería, señalado de enviar estupefacientes a Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.

Los procesados, entre quienes también se encuentra el cabecilla de la estructura delincuencial, conseguían los narcóticos, los ubicaban en el departamento del Chocó y desde ahí los enviaban en lanchas rápidas a Centroamérica y Estados Unidos.

Como parte de las investigaciones, la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal.

Amenazados de muerte

El concejal de Santa Marta, Anselmo Gual de la Hoz, denunció ante las autoridades y cabildantes de esa ciudad que ha recibido amenazas de muerte por las constantes denuncias que realiza por hechos de inseguridad en la capital del Magdalena.

Por lo tanto, pidió a las autoridades realizar las labores de investigación necesarias con el propósito de dar con el origen de las intimidaciones, sin embargo, en los últimos días fue víctima de un ataque por parte de sicarios quienes dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.

En una entrevista con Caracol Radio, el concejal de Chiquinquirá Juan Carlos Jiménez advirtió que tanto él como otros cabildantes están recibiendo amenazas de muerte por las denuncias que han hecho desde hace algunas semanas en razón a la creciente inseguridad en el municipio y la proliferación de venta de estupefacientes.

Los concejales de Candelaria, en el Valle del Cauca, Lisseth Burgos y Alfredo Cadena, denunciaron a mediados de enero amenazas de muerte por parte de las disidencias de las Farc que delinquen en ese departamento.

Los dos cabildantes tenían hasta el 30 de enero para presentar la renuncia a sus curules por estar en contra de grupos armados como lo advertía el frente Jaime Martínez de esa organización criminal.

Sin embargo, señalaron que continuaran en sus respectivos cargos y adelantando labores que permitan obtener la paz en la región.