Desde que comenzó la cuarentena nacional en Colombia por la pandemia de coronavirus, el pasado 25 de marzo, al menos 20 personas han muerto a causa de los enfrentamientos entre grupos armados en el departamento de Cauca, en el suroeste del país, según informó la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en la comparecencia virtual del miércoles ante el Senado.

Mancera explicó que la crisis sanitaria no solo no ha frenado la ola de violencia en Cauca, sino que la ha avivado. Los últimos asesinatos cometidos contra líderes sociales en Cauca se produjeron hace menos de una semana. Cinco líderes sociales y sus familias fueron asesinados en plena cuarentena.

La Fiscalía ha cifrado en cinco las masacres que se han cometido en Colombia desde que comenzó el año y, según estimaciones presentadas por senadores como Iván Cepeda, de Polo Democrático, el 60 por ciento de los homicidios cometidos contra defensores de los Derechos Humanos se produjeron en Cauca.

"Cauca tiene todos los grupos armados que pudieran existir y cualquiera que volviera a nacer estaría en este departamento", ha denunciado Cepeda, según publica el periódico colombiano 'El Espectador'.

Más de una decena de organizaciones armadas operan en la región, entre ellas las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo.

Mancera precisó que la Fiscalía ha registrado en los dos últimos años unas 1.275 denuncias por las actividades ilegales de estos grupos armados e insistió en que, a pesar la carencia de medios, el objetivo "es lograr investigaciones integrales" que castiguen las acciones de estas personas, así como sus "economías ilícitas".

Por su parte, la ministra de Interior, Alicia Arango, asumió en la misma comparecencia que se han cometido errores en Cauca. "Algo debemos estar haciendo mal para que esto no funcione", dijo sobre la estrategia de seguridad. "La verdad es que los resultados que hemos tenido en el Cauca no son óptimos para nada, son preocupantes", reconoció.

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Guillermo Fernández, recomendó al Gobierno de Iván Duque, "fortalecer los mecanismos propios de protección colectiva", así como "la investigación penal y de contexto, que ha demostrado ser fundamental".

"No ahorraremos esfuerzos dentro de la Constitución y de la ley. No habrá esfuerzo militar y policial que deje de hacerse. (...) No habrá ninguna acción que dejemos de hacer para continuar cumpliendo con la tarea", aseveró, por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.