El Ministerio de Defensa y el organismo acusador anunciaron indagaciones. El general Nicacio Martínez y el ex viceministro Rafael Nieto se defienden, y la Corte Suprema rechaza estos hechos

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Luego del reportaje publicado por la revista Semana que da cuenta de que supuestos equipos de interceptación del Ejército eran utilizados para hacer seguimiento ilegal a congresistas, periodistas, magistrados y otros funcionarios, el Ministerio de la Defensa y los organismos acusatorios anunciaron sendas investigaciones.

En rueda de prensa el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el Gobierno condena todo acto violatorio de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.

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“Esta política incluye el rechazo a cualquier tipo de persecución, seguimiento o interceptaciones ilegales en el país. Desde antes de posesionarse, el presidente Iván Duque fue claro y contundente en que su política de gobierno es de cero tolerancia en la comisión de actos ilegales o de corrupción dentro de la fuerza pública. Él fue completamente claro en exigir total transparencia en las labores de Inteligencia y contrainteligencia”, dijo.

Y agregó que “el Gobierno garantiza la transparencia y promueve que se adelanten todas las investigaciones necesarias de carácter disciplinario administrativo, penal o fiscal por parte de los organismos competentes para esclarecer los hechos denunciados”, señaló”.

El Ministro reiteró que el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, salió de la cúpula “por razones personales que fueron comprendidas por el Jefe de Estado”.

Nieto desmiente

Por otro lado, la revista Semana también denunció que “un miembro del Centro Democrático sería el receptor de las interceptaciones ilegales”, mientras que Noticias Uno fue más allá y mencionó al ex viceministro Rafael Nieto Loaiza.

Pero el dirigente político lo desmintió, pidió una “inmediata rectificación” al medio y aseguró que “he confirmado con Revista Semana que ellos no tienen esa 'versión'. Acá, repito, no solo no hay información alguna sino que hay calumnia”, afirmó indignado.

Mano dura

A su turno el actual comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, indicó que si algo le puede garantizar al pueblo colombiano “es que he recibido instrucciones de parte del Presidente y del Ministro, ellos me han ordenado ser contundente con todos los hombres que estén bajo mi mando. No aceptaré como comandante del Ejército que ninguno de mis hombres y mujeres estén haciendo situaciones especiales fuera del marco de la ley”.

Según dijo en Colombia “tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser honorables y al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares”.

Así mismo, el fiscal general de la Nación encargado, Fabio Espitia, anunció que le pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema que abra una investigación contra el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército por los hechos.

Espitia indicó que hasta el momento en que se hizo pública la denuncia la Fiscalía no había tenido acceso a esa información. “Se conoce por los medios, pero esta mañana me comuniqué con el Ministro de Defensa y le pregunté si había investigación interna, él me dijo que sí, y le pedí que la hiciera llegar a la Fiscalía. Aclaro que independientemente de los resultados de esa investigación la Fiscalía hoy comienza indagación sobre estos hechos. Esto corresponde a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, agregó el Fiscal General.

Espitia también confirmó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le confirmó que hubo una diligencia de una magistrada de la Sala de Instrucción contra una instalación militar, y que intentó ser obstaculizada.

Por todos estos hechos, al parecer irregulares, la Procuraduría General anunció que abrirá una indagación por el escándalo de ‘chuzadas’ ilegales al interior del Ejército.

Martínez se defiende

Entre tanto, el general Martínez dijo en un comunicado que su retiro del cargo obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares.

“No tengo nada que ver con la publicación realizada por la revista Semana y me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas. Durante el tiempo que he permanecido en la institución jamás he dado orden alguna contraria a la Constitución y la ley”.

El oficial en retiro aseguró que “como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales, el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria”.

“Atentado a la independencia judicial”

Tras el escándalo de las ‘chuzadas’ en el que nuevamente se menciona a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esta corporación convocó “el uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de derecho del país”.

En un comunicado, el presidente de la Corte, magistrado Álvaro Fernando García, advierte que las autoridades competentes “deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana”.

Así mismo, la Corte rechazó “categóricamente” las nuevas ‘chuzadas’ y dijo que de comprobarse “constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial”, pero advierte que “ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo”.

La Corte pidió protección para las personas afectadas por las ‘chuzadas’, y anunció que la Fiscalía General investiga quién instaló un micrófono en el despacho de uno de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la corporación.