EL PRÓXIMO 18 de enero será interrogada por la Fiscalía, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, por el uso indebido del polígrafo al cual fue sometida su exniñera, Marelbys Meza.

Esta medida fue tomada, luego de que la defensa de la antigua jefa de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro solicitara “rendir interrogatorio dentro del asunto de la referencia, y declinar de su derecho constitucional y legal a guardar silencio”.

Justamente, el abogado Jorge Mario Gómez habría pedido una fecha para que Sarabia pudiera testificar, considerando, por supuesto, la agenda de la funcionaria y sus funciones dentro del Ejecutivo.

Como es sabido, Sarabia denunció a Meza por la pérdida de una cantidad considerable de dinero dentro de su residencia. Como consecuencia de ello, la exempleada doméstica fue sometida a una prueba anómala de polígrafo para que revelara el paradero del efectivo, lo cual denunció.

En una entrevista concedida a la revista Semana, Meza confesó que cuando estaba “en el sótano” se sintió “secuestrada, aturdida, ahogada”. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que, si yo tenía cómplices, que, si yo le había entregado eso a alguien más”, añadió y relató que luego Laura Sarabia la despidió a través de un mensaje de WhatsApp.

Cabe destacar que también acusó a funcionarios de haberla intimidado e interrogado durante cuatro horas en un edificio cercano a la Casa de Nariño.

Por tal situación, la mujer interpuso una denuncia formal ante la entidad y le fue concedida una solicitud de protección.

En su momento, el fiscal Francisco Barbosa aclaró que “la única identidad en este país que puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delitos es la Fiscalía”.

De acuerdo a un boletín de prensa de Presidencia, el dinero sustraído en casa de la ahora directora del Departamento de Prosperidad Social fue robado a principios de enero, mismo mes en que interpuso la denuncia por este hecho.

“Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de Despacho cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y se realizan en situaciones de riesgo que pueden comprometer, por ejemplo, el acceso a información clasificada”, destacó el documento.